El juzgado Sexto de Paz de San Salvador resolvió este miércoles otorgarles medidas que sustituyen a la detención al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y a otros 18 acusados de cometer actos de corrupción en las tiendas penitenciarias, según fuentes judiciales.
El referido tribunal ordenó que los 19 imputados se presenten cada ocho días al juzgado de Instrucción donde será remitido el proceso, tampoco pueden salir del país ni cambiar de domicilio.
Para el ex ministro Ramírez Landaverde y el exdirector interino de Centros Penales, Orlando Elías Molina, el juez ordenó que paguen una fianza de $5, 000, según fuentes judiciales.
Los otros seis ex funcionarios como el exvice ministro, Raúl Antonio López; el exdirector de Centros Penales, comisionado Marco Tulio Lima; el exdirector interino de Penales, Ramón Fernando Roque; y el exdirector general ejecutivo del Ministerio de Justicia, Luis Alonso Barrera; así como el exdirector y subdirector Jurídico de la cartera de Estado, José Roberto Nochez y Sergio Ernesto Chicas; pagarán fianza de $2,000.
Para el jefe del Departamento de Operaciones de la Región Central de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), José Luis Hércules Ávalos, la fianza es de $1,000.
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Para el resto de acusados que son empleados de ANDA no hubo ninguna fianza.
A otros dos imputados que no se presentaron a la audiencia inicial, el juez resolverá su situación jurídica con las evidencias presentadas por la Fiscalía en el requerimiento.
Los exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y de Centros Penales crearon la asociación Yo Cambio (Asocambio) para poder administrar los fondos de las tiendas penitenciarias que funcionan en los 21 centros penales.
Sin embargo, las ganancias obtenidas en las tiendas fueron desviadas de manera ilegal para beneficio propio de los acusados, según Fiscalía.
El ente fiscal informó que no está de acuerdo con la libertad condicional para los 19 imputados por lo que pedirá que se revierta la resolución del juzgado Sexto de Paz para que se les decreta la detención preventiva.
Sobre las acusaciones, Mauricio Ramírez Landaverde ha señalado que, “Llevamos más de dos años poniéndonos a disposición de la Fiscalía de proporcionarle información, de pedir ser llamados y nunca lo hicieron, pasar a la siguiente etapa es lógico, en esa etapa con toda seguridad que vamos a demostrar no solo que no cometimos los hechos que se nos atribuyó”.