Ante el rechazo que podría mostrar el gobierno salvadoreño ante la publicación de la Lista Engel, que contendrá los nombres de funcionarios vinculados a corrupción identificados por EE. UU., Eduardo Escobar, Roberto Rubio y Ruth López consideran que habría consecuencias políticas para el país.
Esto, debido al desmejoramiento que ha habido en las relaciones políticas entre El Salvador y Estados Unidos en los últimos meses.
Rubio considera que dichas consecuencias no llegarían al extremo de romper relaciones o un bloqueo económico, pero sí podría existir sanciones económicas relacionadas con organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quienes El Salvador se encuentra negociando financiamientos y que podrían dificultar más el acceso a esos fondos si funcionarios del gobierno se ven involucrados en actos de corrupción.
VIDEO: ¿Qué es la lista Engel y por qué impactará a El Salvador?
“Las consecuencias no ocurrirán de un día para otro”, expresa Ruth López, quien además califica de “una mala señal”, un hipotético escenario en el que el gobierno encubra a aquellos funcionarios que aparezcan en la lista, puesto que la publicación será de gran relevancia en Estados Unidos.
Por ello, cree que la reacción de Bukele será analizada por los distintos sectores del gobierno estadounidense, independientemente de cuál sea la postura.
Además, con respecto al anuncio realizado por el presidente estadounidense, Joe Biden, en el sentido de destinar alrededor de $4,000 millones a los países del Triángulo Norte, pero que se priorizará dar el dinero a organizaciones de la sociedad civil, los representantes de Cristosal, Funde y Acción Ciudadana consideran que la asistencia financiera forma parte de la soberanía estadounidense, y que es normal que sea ese mismo gobierno quien decida a quién darle su dinero.
Lo anterior, según Escobar, no depende directamente de la Lista Engel, pues es algo que estaba en la agenda de Biden desde que asumió la presidencia de EE.UU.
Más allá de que aparezcan funcionarios del gobierno actual señalados de corrupción, vendría a reconfirmar esa visión que tiene el gobierno estadounidense de no considerar socios confiables a los gobiernos centrales del Triángulo Norte, conocidos por estar capturados por la corrupción.
Por ello, ese enfoque de asistencia financiera, así como retirar el apoyo a las instituciones de gobierno como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), PNC, FGR y la Corte Suprema, por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) “es una forma de emitir un mensaje” de parte de Estados Unidos para recalcar la necesidad de que haya gobiernos más transparentes en la región.