Como un intento flagrante de callar, controlar y limitar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y de intimidarlas sistemáticamente, así como perjudicar gravemente la labor de los medios de comunicación independientes, calificó Transparencia Internacional la intención de la Asamblea de aprobar este miércoles la “Ley de Registro de Agentes Extranjeros”.
“Este proyecto de ley llega después de una serie de medidas para reprimir la democracia en El Salvador, incluyendo intentos de persecución y acoso sistemático a grupos de la sociedad civil. Como hemos visto en otros países, este tipo de leyes tienen un propósito muy claro: silenciar a cualquier organización o grupo que diga la verdad al poder”, afirmó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.
Añadió que el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), han sido un actor clave en la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia y los derechos humanos en El Salvador, por lo que están preocupados por como la ley afectará a su capacidad para llevar a cabo esta tarea crucial, así como el de otras organizaciones y movimientos sociales en el país.
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Expresa que esa normativa socava el espacio democrático de la sociedad civil, por lo que hace un llamado a la Asamblea Legislativa de El Salvador a que rechace el proyecto de ley presentado por el gobierno y garantice que todas las leyes respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo salvadoreño.
“Este proyecto de ley es un intento flagrante de controlar y limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que benefician a los ciudadanos con el acceso a los derechos básicos, incluyendo la salud, la educación, la lucha contra la corrupción, la prevención de la violencia, entre otros temas”, explica Transparencia Internacional mediante un comunicado emitido este miércoles.
A Transparencia Internacional le preocupa que, en la práctica, la ley proporcione al gobierno una discrecionalidad sin precedentes para controlar y limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, así como para atacar a las ONG que son críticas al gobierno, a los activistas y a los defensores de derechos humanos.
Además, cuestionan las sanciones que fueron acordadas ayer en la comisión de Relaciones Exteriores de aplicar cárcel de hasta 5 años para quienes incumplan la ley y multas de hasta $250 mil.
Ponen como ejemplo que organizaciones como el Capítulo Salvadoreño de Transparencia Internacional y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), estarían incluidos en la nueva normativa y junto con ellos otros grupos de la sociedad civil de El Salvador que han condenado enérgicamente el proyecto de ley.
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“La intimidación sistemática de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en El Salvador ha sido calificada como preocupante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe sobre cuestiones de derechos humanos en el país”, expresan.
Aseguran que la legislación salvadoreña de Agentes Extranjeros está inspirada en otras normas que han sido aprobadas en países como Rusia, Hungría, India, Guatemala y Nicaragua, lugares en donde han sido fuertemente cuestionadas y condenadas por la comunidad internacional debido a su impacto directo sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.