La Ley de Agentes Extranjeros presentada el martes pasado por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa podría dañar las relaciones que organizaciones de sociedad civil tienen con cooperantes internacionales y podría hacer que estos retiren su ayuda a proyectos de beneficio para El Salvador.
Así lo afirmaron abogados, analistas y directivos de organizaciones que promueven el Estado de derecho y la democracia, quienes critican esta propuesta presentadas por el gobierno de Nayib Bukele.
El proyecto de ley establece que los financistas extranjeros deberán pagar un impuesto que asciende al 40 % por cada transacción que realicen al país, algo que ha sido calificado como confiscatorio.
Para el analista político Rubén Zamora “el gobierno de Nayib Bukele no puede tener más malas relaciones con los cooperantes internacionales” y en ese sentido, consideró que “los cooperantes se van a ir”.
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El exdiplomático trazó un paralelismo entre los cooperantes y los inversionistas en el país y afirmó que ante un impuesto de este tipo, la decisión más obvia es abandonar proyectos en El Salvador.
“Es que eso es como que si al gobierno un día se les ocurriera a los empresarios del país decirles ‘ustedes van a pagar el 40% de su producción para el gobierno’. ¿Qué pasaría?, se van a vender y a producir a otra parte”, señaló.
Añadió: “Sería la cosa más estúpida del mundo, bueno, aquí lo han hecho no por estupidez sino con un objetivo muy claro, matar a las organizaciones de sociedad civil, que son el principal obstáculo en su afán de crear la dictadura. Eso es lo que hay que entender, esto es un acto político del gobierno”.
Castigo a la cooperación internacional
A juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, esta propuesta de ley es una especie de castigo que el gobierno salvadoreño infringe a la cooperación internacional, sobre todo aquellas que están apoyando diferentes esfuerzos en materia de fortalecimiento democrático, transparencia y combate a la corrupción.
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“Obviamente esto puede generar problemáticas y que algunos cooperantes desistan de seguir apoyando las organizaciones salvadoreñas, y eso es lo que busca el gobierno, desincentivar el apoyo o la cooperación a las organizaciones que le son incomodas”, comentó Escobar.
De hecho, Carlos Palomo de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) manifestó que algunos cooperantes han expresado que ya están analizando la viabilidad de continuar apoyando, principalmente por el impuesto de 40 %.
Ahondó en que el problema es que el proyecto de ley no define, más allá de salud y educación, qué cosas son de interés o relevancia social y no injerencia política. “¿Promover el derecho humano al agua es injerencia política? ¿Promover el debate entre los jóvenes es injerencia política?”, cuestionó ante la ambigüedad del proyecto presentado por el gobierno. Palomo ve “probable que algunos cooperantes opten por retirarse si sus beneficiarios son obligados a pagar los impuestos”.
Un impuesto confiscatorio
El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, visualiza una grave afectación para las organizaciones no gubernamentales al cobrarse un impuesto confiscatorio como el que el anteproyecto de ley establece.
“Yo no tengo ninguna duda de que puede ocasionar una afectación sumamente importante con la cooperación internacional, comenzando por el hecho de que hay ahí el establecimiento de un impuesto que es verdaderamente confiscatorio. Hablar de tomar un 40% de los fondos que puedan ser donados a las diferentes organizaciones es básicamente confiscar”, razonó.
Destacó que si se aplicara la jurisprudencia desarrollada por las últimas conformaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dicha disposición sería declarada inconstitucional. “El problema es que hoy en día no contamos con una Sala verdaderamente independiente que garantice ese control”, expuso.
Por otra parte, Sáenz apuntó que con la iniciativa queda siempre a discreción y arbitrio de los funcionarios que van a determinar si se trata de una colaboración que va para los propósitos sociales o si va a ser calificada como una actividad política si es que esta llega a incomodar los intereses del oficialismo.
“No tengo ninguna duda que entonces esto podría desincentivar esa colaboración y alejar de manera radical la colaboración internacional”, aseguró.
Uso arbitrario de la ley
Para el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, la propuesta de ley es deliberadamente ambigua para que pueda ser utilizada de forma arbitraria.
Además, indicó que existe una amenaza directa contra donantes institucionales, la cooperación internacional o cualquier persona u organización que trabaje con personas u organizaciones en el país.
“Esto será un enorme disuasivo para los cooperantes y no me extrañaría que algunos estén lamentablemente reconsiderando su decisión de trabajar con El Salvador. Creo que la ley pondría en peligro la sostenibilidad de valiosos proyectos que durante años han beneficiados a las salvadoreños y salvadoreños en materias de salud, educación, ciencia, arte, juventud, etc.”, lamentó.
Marinero planteó que sería un enorme error creer que la ley solo afecta a las personas u organizaciones que reciben cooperación para fines “políticos”.
“Para un gobierno autoritario como este (Nayib Bukele), interesado en concentrar y consolidar el poder por vías ilegítimas, toda actividad social, cultural, científica o educativa puede convertirse en ‘sospechosa’ de estar impulsando la agenda de intereses extranjeros”, concluyó y recalcó que la libertad de expresión está amenazada con este proyecto.