Ley de Agentes Extranjeros amenaza derechos y libertades de ONG y medios de comunicación

Unas 25 organizaciones sociales y de derechos humanos internacionales y nacionales advierten que la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2025, podría ser usada para sancionar a las organizaciones y medios de comunicación que denuncian e investigan la corrupción.

 “La ley pretende promover la ‘transparencia’ sobre la influencia de actores extranjeros en la opinión pública y salvaguardar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país. Sin embargo, la ley ofrece a las autoridades estatales la oportunidad de controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación que han denunciado la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas autoritarias del presidente Bukele”, dice el comunicado difundido este viernes.

De ser utilizada como un mecanismo de represalia, pues quedaría a discreción del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) decidir a cuáles organizaciones no gubernamentales (ONG) excluye o no el impuesto del 30% a las transferencias y donaciones, se violarían los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a defender los derechos humanos.

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La ley exige que las personas y organizaciones que reciben financiación internacional, directa o indirectamente, se registren como agentes extranjeros en RAEX, dependencia del Ministerio de Gobernación.

“La ley define de manera amplia los agentes extranjeros como cualquier persona u organización que ‘responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero’. Un mandante extranjero es cualquier persona u organización con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político o una organización, así como cualquier entidad así determinada por el RAEX. Con una definición amplia y la discrecionalidad del RAEX, el Registro puede utilizar este poder de manera arbitraria”, enfatizaron.

Agregan que la ley no aclara si el impuesto actual del 10 % sobre las donaciones se sumará a este nuevo impuesto del 30%, lo que aumentaría aún más la carga financiera y la haría comparable “a una confiscación de facto, poniendo en peligro la propia existencia y viabilidad de las organizaciones y los medios de comunicación independientes en el país”.

La ley abre la puerta al enjuiciamiento penal por incumplimiento de las prohibiciones y de la ley contra el blanqueo de capitales. “Se dirige contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defienden los derechos humanos, y los medios de comunicación, al intentar controlar y limitar las actividades que se consideran una amenaza para el Gobierno”, sostienen las entidades.

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Las  organizaciones exhortan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a condenar esta legislación y a convocar un consejo permanente urgente para abordar el retroceso democrático en El Salvador.

También piden al Congreso de los Estados Unidos a instar a la administración de Donald Trump a no apoyar medidas que socaven el trabajo de la sociedad civil y personas defensoras de derechos.

A la Organización de Naciones Unidas (ONU) también piden condenar la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador y que llame al Estado a derogarla y cumplir con sus obligaciones internacionales.

Las organizaciones que suscribieron el comunicado son:

• Acción Solidaria, Venezuela
• Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador
• Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
• Amnistía Internacional
• Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)
• Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)
• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
• Convergencia por los Derechos Humanos Guatemala
• Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Chile)
• Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú
• Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
• Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos
• Paz y Esperanza, Perú
• Robert F. Kennedy Human Rights
• Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)
• Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe