La reelección de Rodolfo Delgado como fiscal general confirma que continuará la impunidad, que sus lealtades están con el oficialismo y que la ciudadanía seguirá sin una fiscalía y sin un sistema de justicia que proteja sus derechos. Así lo dijo a este medio el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero.
Este miércoles, el partido Nuevas Ideas y sus aliados eligieron a Delgado como fiscal general para los próximos tres años, lo cual no causó ningún asombro a Marinero.
“Como era de esperar, al oficialismo le interesa la continuidad de un fiscal que por ahora parece garantizar la impunidad de funcionarios y exfuncionarios de este gobierno señalados por graves casos de corrupción”, señaló.
Además, consideró que es muy ilustrativo que en una de sus primeras declaraciones el propio fiscal Delgado diga que “se debe a los que votaron por él”.
“Se equivoca fundamentalmente, él se debe a la ciudadanía, a la Constitución y a la defensa de los intereses del Estado. Ningún funcionario que se precie de independencia se debe a otros funcionarios: es un presupuesto básico de la vida democrática y republicana y del Estado de derecho”, opinó.
El presidente de Fundación DTJ reiteró que este fiscal estaba descalificado para reelegirse al haber aceptado participar del golpe del 1 de mayo pasado.
“Su participación como reemplazo impuesto del fiscal destituido al margen de la Constitución, es un vicio de origen que evidencia su falta de independencia respecto del poder político”, indicó.
También explicó que ningún abogado respetuoso de la Constitución habría aceptado ese cargo o el de magistrado de la Sala de lo Constitucional luego de la forma ilegítima en que sus antecesores fueron destituidos en mayo.
En ese sentido subrayó que, “la reelección (del fiscal) solo confirma que esos hechos seguirán impunes, que las lealtades del fiscal están con el oficialismo y que la ciudadanía seguirá sin una fiscalía y un sistema de justicia que proteja sus derechos”.
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De igual manera opinó Wilson Sandoval, experto en transparencia y profesor ocasional de la maestría en ciencia política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), quien consideró que el proceso no tuvo criterios objetivos de evaluación tal como se ha repetido constantemente desde el pasado en cada elección y “hoy se volvió a repetir”.
“Sin criterios claros de evaluación, no es posible comprobar la idoneidad de los aspirantes ni del seleccionado. No se probó la no existencia de vinculación con partidos políticos, no se probó que cumpliese con criterios de moralidad notoria o competencias técnicas que la Constitución exige”, manifestó.
De hecho, Sandoval reafirmó que la elección de Rodolfo Delgado no cumple con los estándares internacionales y frente al examen de una Sala de lo Constitucional independiente, “esta elección fuese declarada inconstitucional por todos los vicios mencionados”.
“¿Se garantizó independencia en la elección del fiscal?” se pregunta. “Creo que no”, concluyó Sandoval.
Hubo razones de conveniencia para sustentar la reelección
El presidente de la organización Tracoda, Carlos Palomo, destacó que existe jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se establecen una serie de requisitos que deben cumplirse para un proceso de elección indirecta, dentro de los que destaca la necesidad de motivar por qué se escoge a uno de los candidatos en detrimento del resto.
“Según lo que se pudo observar, no se estableció un perfil del funcionario buscado, no se detallaron los razonamientos en base a los cuales se pueda inferir que el candidato electo era la mejor opción en función de un perfil ideal. Aparentemente, no hubo criterios técnicos para sustentar el nombramiento sino más bien razones de conveniencia”, enfatizó.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, reafirmó que el proceso de elección fue irregular y con serias deficiencias que no garantizan que se haya electo a la persona idónea para ocupar el cargo.
A su juicio, lo que el país necesita es una persona que llegue a investigar la relación de los políticos con las pandillas, a investigar la corrupción del pasado y del presente y que, además proceda contra los responsables.
“Con la elección de Rodolfo Delgado lo que hace la Asamblea Legislativa, instancia del gobierno, es autoprotegerse, es decir, que no se investigue la corrupción en el manejo de fondos públicos en la pandemia, que no se investigue la relación del gobierno con las pandillas y que tampoco se investigue el golpe de Estado del 1 de mayo”, apuntó.
“Han nombrado una persona afín al gobierno que les garantice impunidad”, concluyó Escobar.