Los abogados defensores de los diez ex funcionarios del primer gobierno del FMLN pedirán que se revierta la detención preventiva en la que se encuentran cinco procesados y que se levante la orden de captura para otros cinco por considerar que no tienen fundamento jurídico.
Los diez ex funcionarios son acusados de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. Cinco están recluidos en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona y en Cárcel de Mujeres. Otros cinco son prófugos y tienen orden de captura.
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"Muchos, sino la mayoría de tramos de la resolución, que son una copia y pega del requerimiento de la Fiscalía con un desprecio hacia los argumentos presentados por los diferentes defensores que fueron argumentos muy fuertes, muy válidos", dijo Pedro Cruz, quien defiende al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, para quien hay una orden de captura.
A juicio de Cruz, la resolución tiene bastantes inconsistencias que serán argumentadas para que sean subsanadas con la apelación que presentarán para revertir la detención preventiva.
Cruz no cree que exista peligro de fuga de parte de los cinco ex funcionarios que se encuentran detenidos. "Se puede ver que son personas de la tercera edad, enfermas, que es risible que exista peligro de fuga", dijo Cruz.
José Mirio González, defensor de la ex ministra de Salud Pública, Violeta Menjívar, aseguró que la acusación fiscal tiene una serie de deficiencias legales como por ejemplo la tipificación de enriquecimiento ilícito.
Para que la Fiscalía General pueda acusar por enriquecimiento ilícito a un funcionario o ex funcionario de gobierno tiene que pasar por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y luego los 15 magistrados tienen que dar el aval o no a la investigación.
"Hemos visto en el caso de Salvador Sánchez Cerén, Calixto Mejía, de los períodos que están investigando, ya les extendieron los finiquitos. A Sánchez Cerén se le extendió en 2019 y a Calixto en 2021. Quiere decir que no hay ningún enriquecimiento ilícito y la Fiscalía ha tomado otro procedimiento para inculpar a los procesados", dijo González.
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Aseguró que en el caso de los otros ex funcionarios procesados, ellos presentaron su declaración de salida a la Sección de Probidad y aún se encuentran en estudio.
Con respecto a la acusación de lavado de dinero, González dijo que en este caso no procede porque "los sobresueldos están legalizados por todo el cuerpo normativo legal salvadoreño, en la carrera policial, está en la Ley del Servicio Civil, en el Código de Trabajo. Todo el cuerpo normativo legal que tiene que ver con las relaciones laborales regulan los sobresueldos".
González se quejó de que el referido juzgado les notificó la resolución escrita la noche de este lunes por lo que "nos están robando un día de plazo, porque la apelación tiene cinco días hábiles para apelar ante la Cámara. La resolución tiene fecha de ayer (lunes), pero nos notifican hasta las 8:30 de la noche, cuando uno está descansando".
El defensor de la ex ministra Menjívar aseguró que los medicamentos que requieren los imputados que padecen de alguna enfermedad crónica los han dejado en la entrada de los penales porque han decretado cuarentena y no permiten que ni familiares ni defensores los lleguen a visitarlos.