El juez Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, José Alberto Franco Castillo declaró este miércoles en la Fiscalía General en calidad de testigo en un proceso de investigación que no fue revelado, pero que supuestamente tiene que ver con lavado de dinero.
El citatorio fiscal al juez Franco Castillo despertó expectativa entre el gremio de funcionarios judiciales a raíz de que él leyó el manifiesto de los jueces en el que rechazaban las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Fuentes fiscales explicaron que casualmente la fecha del citatorio coincidió con el malestar entre el gremio de jueces y magistrados por el decreto legislativo que obliga a las personas de la tercera edad a retirarse, pero que la cita no tiene nada que ver con eso.
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Franco fue citado el 31 de agosto pasado, un día antes de que se conociera públicamente de la protesta de los jueces, en la que el juez fue el encargado de leer el pronunciamiento de los funcionarios públicos en el que rechazaron el retiro obligatorio de jueces y magistrados de más de 60 años de edad y los de más de 30 años de servicio, realizada en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Tras rendir su declaración como testigo en la Fiscalía, el Franco Castillo se retiró sin dar declaraciones a los medios de prensa. A su salida solo saludó con su mano a los periodistas desde su vehículo.
El Diario de Hoy intentó conocer más detalles del caso por el que fue llamado, pero el juez Franco Castillo no respondió su teléfono celular.
El citatorio está plasmado en el oficio Ref. 32-UECLA-2021, pero no aclaraba en qué calidad había sido llamado a comparecer.
“No omito manifestarle que el llamamiento se hace con las facultades que establecidas en el Art. 83 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, se lee al final del citatorio que es firmado por el jefe fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, Santos Inocente Segura Mendoza.
Franco tiene 37 años de ejercer la abogacía, 17 de los cuales los ha trabajado en la judicatura. Comenzó su carrera como juez de Paz del municipio de El Carmen, La Unión en febrero de 2014.
Luego pasó a desempeñarse como juez presidente del Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, donde se encuentra actualmente, según información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además cuenta con una maestría en derechos humanos y ha sido capacitado en extinción de dominio y en el sistema penal acusatorio.
El gremio de jueces y magistrados han rechazado el calificativo de “corruptos” que utilizaron algunos diputados oficialistas y sus aliados para justificar la aprobación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que pretenden retirar obligatoriamente a las personas de la tercera edad de la judicatura.
Consideraron que los señalamientos hechos por algunos diputados fueron “ofensivos e indignos hacia la carrera judicial”.
Además el decreto vulnera la Constitución y el derecho laboral de los juzgadores.