El juzgado de Paz de Ilopango ordenó esta mañana el “desalojo inmediato”, a una de las mujeres detenidas por usurpar una casa en la residencial Vista al Lago, en Ilopango, que era alquilada en 50 dólares por los pandilleros de la Mara Salvatrucha.
Nueve personas que fueron detenidas el pasado jueves durante un operativo que realizó la policía, serán procesadas por el delito de utilización u ocupación ilegal de inmueble y hurto de servicios de energía eléctrica y agua potable.
La Fiscalía acusó por separado a cada imputado y hasta esta hora de la tarde, sólo Carmen Cecilia Molina, de 46 años, ha sido juzgada. La imputada se sometió a un juicio abreviado (aceptar la culpabilidad del delito) y el juez la condenó a tres años de trabajo de utilidad pública, según fuentes judiciales.
Los demás imputados: Rosa Irma Rivas Torres, de 45; Digna Esperanza Valeriana Perlera, de 25; Roselia Isabel Granados Martínez, de 26; Estefani Daniela Bonilla Romero, de 26; Douglas Alberto Vasquez, de 47; Josué Abraham Amaya Ticas, de 19; Jorge Luis Mancua Orellana, de 20; Benjamín Antonio García Chávez, de 18; y Amilcar Geovani Canizález Guardado, de 24 años, esperan la audiencia inicial.
Para acusar a los imputados, la Fiscalía presentó la documentación ilegal de las viviendas, las denuncias de los ofendidos y otras evidencias.
Casas usurpadas son de control de los pandilleros
Una investigación de El Diario de Hoy reveló que los pandilleros de la MS han usurpado un total de 500 casas en la referida residencial, las cuales son alquiladas por las mismas familias de los pandilleros y personas particulares.
Todos los meses la clica recibía alrededor de $25,000 como pago de las viviendas. Seis pandilleros, entre ellos dos cabecillas, se encargaban de administrar el dinero.
El “negocio” de las viviendas sólo es una pequeña parte de dinero de los miles de dólares que mueve la MS en todo el corredor de la colonia Santa Lucía, como parte de la extorsión a talleres, taxistas, cervecerías, repartidores de bebidas, golosinas, pupuserías, tiendas, camiones proveedores, la inversión en taxis, venta de gas propano, tráfico de droga, armas y otros ilícitos, según documentos en poder de este periódico y testimonios de las víctimas.
Muchas de las casas fueron abandonadas por sus propietarios cuando la zona se volvió invivible, ya que los pandilleros tenían el control total de la zona. El lugar ha sido escenario de homicidios, extorsiones y otros delitos.