Representantes de jueces y juezas independientes expresaron ayer su posicionamiento sobre varios temas de coyuntura por los que está atravesando El Salvador, entre ellos la política exterior que impulsa la administración Bukele.
En ese sentido exhortaron “al gobierno en turno a mantener relaciones internacionales que sean armoniosas con otros gobiernos a fin de que nuestra población no resulte afectada como producto de esa tensiones”.
Nayib Bukele ha mantenido en los dos últimos días un sistemático ataque contra altos funcionarios estadounidenses en rechazo a los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre presunta corrupción contra tres miembros de su gabinete.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, y Carlos Marroquín, director del Tejido Social, han sido sancionados por el gobierno estadounidense al señalarlos de haber representado al gobierno de Bukele en una negociación con la MS-13 y la pandilla 18 a cambio de apoyo político electoral.
Mientras que a la jefa de gabinete, Carolina Recinos, la señalan como cabeza de una estructura de corrupción multimillonaria.
El juez Antonio Durán dijo que a raíz de la remoción de los jueces y el nombramiento inconstitucional de los jueces sustitutos originaron una serie de atropellos al estado de Derecho y pusieron en tensión al gobierno con Estados Unidos y otros representantes del cuerpo diplomático.
Durán reveló que hay mucho temor en algunos colegas de expresarse sobre la falta de independencia judicial y que también les preocupa que hay “deterioro de los derechos humanos que están viviendo los justiciables”.
Los jueces manifestaron que difícilmente se puede hablar de una garantía de una efectividad de los derechos humanos si se carece de independencia judicial.
“Denunciamos también la situación de hecho que vive nuestro país en la actualidad ante un irrespeto cotidiano a la Constitución por la falta de transparencia, rendición de cuentas en el manejo de los asuntos públicos”, dijo la magistrada Cesia Romero, al leer el escrito.
También pidieron al Observatorio de Derechos Humanos “enlistar a funcionarios que actúan en complicidad y obediencia a las violaciones constitucionales, del rango y cargo que sean”.
Para el juez Durán, la situación judicial afecta otras esferas como la libre expresión y la falta de acceso a la información pública, y de que hay un manejo oscuro de los asuntos públicos.
Los jueces informaron que por toda esta situación marchará este domingo contra
todas estas medidas que afectan los derechos ciudadanos e instaron a la ciudadanía a ejercer de forma pacífica el derecho a pronunciarse de manera pública.