Un total de $14.2 millones fueron impuestos en condenas patrimoniales y administrativas a distintas instituciones del gobierno durante el periodo del 28 de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2021, informaron este jueves las autoridades de la Corte de Cuenta de la República.
Los titulares de la Corte de Cuentas no brindaron detalles de quiénes han sido las instituciones o funcionarios sancionados, pero es sabido por ellos mismos que desde el año pasado, han estado investigando a instituciones que han manejado fondos públicos asignados para la pandemia, entre ellos, el Ministerio de Salud Pública, el de Agricultura, Turismo y el de Obras Públicas.
De hecho, el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, explicó que, a pesar de haber sido una época crítica por el embate de la pandemia, la entidad continuó realizando su trabajo de control y de fiscalización del Plan Operativo 2020.
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Adicionalmente, dijo que elaboraron y ejecutaron acciones específicas de auditoría a los planes de fiscalización de recursos usados en el marco de la pandemia por COVID-19; el plan pro fortalecimiento en el manejo de las finanzas públicas con apoyo técnico de la USAID, así como el plan de fiscalización de los recursos asignados por los decretos legislativos 650 y 687 que otorgó fondos a las alcaldías para enfrentar la pandemia y las tormentas Amanda y Cristóbal y la auditoría a fondos entregados a ONG.
“Basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas se emitieron lineamientos para la liquidación de fondos Fodes usados por las municipalidades para atender la emergencia, mismos que estamos auditando con un avance significativo”, aseveró Anzora.
El monto impuesto por la CCR en condenas patrimoniales y administrativas por $14.2 millones proviene de todos los procesos llevados a cabo por las 7 cámaras de Primera Instancia.
Además, se contabilizan un total de 382 reparos, detalló el Coordinador General Jurisdiccional de la Corte de Cuentas, Carlos Francisco Aparicio Silva.
La Coordinación General de Auditoría a través del Departamento Técnico para el Control de la Inversión Pública, informó que efectuaron 1,669 revisiones técnicas, habiendo auditado un monto de $319.7 millones, de los cuales, $305.8 millones son inversión en obra pública y $13.9 millones en consultorías.
Dentro de sus procesos de auditoría la Corte de Cuentas identificó 2,877 hallazgos por un monto de $217.9 millones. También hizo observaciones patrimoniales por un monto de $8.4 millones, siendo la cantidad más alta la invertida en obra pública por $7.3 millones. En inversión de consultorías hicieron reparos a $1.1 millones.