La Corte de Cuentas de la República notificó a Cristosal que habiéndose admitido la denuncia interpuesta por esa organización el pasado 10 de septiembre, la entidad procederá a realizar un análisis jurídico de los fondos públicos destinados a la implementación del Bitcoin.
“En consecuencia, habiéndose admitido la denuncia interpuesta, procédase a realizar el Informe de Análisis Jurídico y oportunamente, se remita tal informe a la Coordinación General de Auditoría, para que ordene a la Dirección de Auditoría respectiva, realice el examen de auditoría correspondiente”, reza la notificación publicada por Cristosal en su cuenta de Twitter.
#ElSalvador | La Corte de Cuentas de la República nos ha notificado la admisión de la denuncia que interpusimos como Cristosal el 10 de este mes, para realizar examen de auditoría a la ejecución del fideicomiso Bitcoin. Compartimos fragmento del documento recibido. pic.twitter.com/FXlkrWhCD3
— Cristosal (@Cristosal) September 16, 2021
La abogada Ruth Eleonora López, de Cristosal, fue quien interpuso la denuncia, explicando que existe opacidad sobre el origen de los fondos para la construcción de cabinas del Bitcoin; señaló además, la presunta erogación y uso de fondos públicos antes de la entrada en vigencia del decreto de creación del Fideicomiso.
VER: Destinar $205.3 millones para uso de Bitcoin ampliará más el hoyo fiscal
“Nuestra Constitución establece que el carácter permanente de leyes tienen que pasar por un trámite que establece la Constitución establecido en el Art. 140 y tiene que esperar 8 días hábiles después de la publicación en el Diario Oficial para su entrada en vigencia y este es un plazo que evidentemente no se ha respetado y por eso estamos solicitando a la Corte de Cuentas que investigue”, mencionó López el pasado 9 de septiembre.
Además, señaló que la contratación del servicio de cajeros que se realizó presuntamente con fondos públicos se hizo mediante un proceso fraudulento porque no se han seguido los procesos de contratación establecidos en la Constitución.
Esto, debido a que la ley y la Constitución establecen como mecanismos generales de contrataciones, las licitaciones públicas y excepcionalmente se pueden usar otro tipo de mecanismos, sin embargo, “producto de lo atropellado que ha sido el proceso ha sido bastante irregular la implementación de la ley”, explicó López en su momento.
Le podría interesar: Empresa Chivo pagará $5 a agentes por cada persona que registren en aplicación
De acuerdo a Cristosal se dio una especie de “fraude de ley para evitar la fiscalización” al conocerse que la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una subsidiaria de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), fue quien creó la empresa denominada “Chivo”.
En la denuncia de Cristosal se expresa que este mecanismo ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos.
La Asamblea Legislativa reorientó a petición del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, más de $200 millones de un préstamo para la creación del Fideicomiso del Bitcoin y su implementación, de $600 millones de deuda que originalmente estaban destinados a apoyar a las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
En el escrito presentado por Cristosal piden a la Corte de Cuentas realizar un examen especial para determinar si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación.
Además, solicitan que de encontrarse alguna “conducta ilegal” sea certificada a la Fiscalía para que inicie los respectivos procesos penales.
Los cajeros y la plataforma "Chivo", para la billetera digital no han dado los resultados esperados. El gobierno tuvo que suspender el funcionamiento de varios cajeros y el procesamiento de las transacciones que algunos salvadoreños ya estaban realizando.
Más contenido relacionado:
Gobierno pide $53.3 millones para cajeros Bitcoin y pagar los $30 de cartera “Chivo”