Inician operaciones de ANDRES sin publicación de ley en el Diario Oficial

Este fin de semana, más de 100 camiones y 1,000 personas de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) comenzaron labores de limpieza en municipios de San Salvador Este, incluyendo Tonacatepeque, San Martín, Ilopango y Soyapango. A pesar de la movilización de recursos y personal, surgen cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones, dado que la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, un requisito para su entrada en vigor.

La nueva ley, aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, busca transformar la gestión de los residuos sólidos mediante la creación de ANDRES, que asumiría las funciones de recolección y disposición de residuos de forma completa o suplementaria.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la ley no incrementará las tasas municipales, ya que el financiamiento provendrá del 50 % de los ingresos actuales de las alcaldías por recolección. El restante será destinado a proyectos para el bienestar ciudadano.

Podría interesarle: Confusa información de Asamblea sobre fecha de vigencia de reforma "cero alcohol"

Cuestionamientos a la implementación prematura

Aunque no se trata de una ley transitoria, Nuevas Ideas estableció en el decreto que entraría en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y no a los ocho días después como establece el ordenamiento legal.

Sin embargo, la movilización de cuadrillas y camiones pintados con el logo de ANDRES inició antes de cumplirse este proceso, situación que recuerda la reciente polémica con la reforma de cero tolerancia al alcohol en el Código Penal, cuya implementación también comenzó sin cumplir los procedimientos legales de vigencia., tras un tuit de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, el cual afirmaba que dicha ley estaba "Vigente a partir de esta noche", sin tampoco estar publicada en el Diario Oficial.

Recuerda que puedes hacer tus reportes ciudadanos al 929 o al call center 2501-0203, para la recolección de basura que hemos iniciado en San Salvador Este, en los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.?☎️ pic.twitter.com/lsyFsxzfLS

— Recolectores El Salvador (@recolectoressv) December 22, 2024

En redes sociales, ANDRES ha promocionado su servicio con el lema de mantener limpias las comunidades e invitando a los ciudadanos a reportar acumulaciones de basura al número 2501-0203. Asimismo, señala que los fondos utilizados provienen de los mismos impuestos municipales.

Uso de terceros y opacidad en la ejecución

Otro aspecto destacado de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos es la posibilidad de que ANDRES gestione la recolección mediante terceros, a través de contratos, asociaciones u otras figuras legales. Esto ha despertado dudas sobre si los camiones y trabajadores actualmente en operación pertenecen a la institución o son parte de contrataciones externas, como ocurrió con la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la Constructora El Salvador.

En San Salvador Este hemos iniciado la primera fase. Gradualmente expandiremos los servicios a otros municipios del país.

Los fondos con los que operamos salen de los mismos impuestos pagados por recolección.?

?Avenida Prusia, Soyapango pic.twitter.com/DtsrZIZU1N

— Recolectores El Salvador (@recolectoressv) December 22, 2024

Mientras la Ley Especial de Residuos permanece sin publicarse oficialmente, los habitantes de San Salvador Este observan cómo las cuadrillas eliminan montañas de basura en puntos críticos como la colonia Las Margaritas en Soyapango. Sin embargo, la incertidumbre legal y administrativa continúa siendo un tema de debate nacional.

Centralización y pérdida de autonomía municipal

Diputados de oposición y analistas han señalado que la creación de ANDRES representa un golpe a la autonomía municipal. Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, indicó que esta iniciativa centraliza servicios municipales, limitando la incidencia ciudadana en decisiones locales y afectando especialmente a las comunidades rurales.

"Esta ley es un paso más hacia la centralización de servicios, lo que genera una desconexión mayor entre las decisiones y las necesidades reales de los territorios", expresó Ortiz. Por su parte, Francisco Lira, de ARENA, advirtió que esta medida reduce significativamente las competencias de las municipalidades, dejando en manos del ente centralizado el manejo de una parte importante de sus ingresos.