El ingeniero salvadoreño René Núñez no pudo demostrar ante la justicia que él fue el inventor del proyecto denominado Turbocina y por eso el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador absolvió este lunes a un español y a un salvadoreño, a quienes la víctima y la Fiscalía General de la República (FGR) acusó del delito de violación de privilegios de invención.
El Tribunal absolvió al español Juan Alfonso Cardenal Gistau, de 43 años, y al salvadoreño Diego Salcedo Moore, de 45, por el delito violación de privilegios de invención en perjuicio del ingeniero salvadoreño.
Otro ciudadano español, Juan Alfonso Cardenal Pombo, de 67, fue absuelto en la etapa de Instrucción del caso, en septiembre pasado. El ingeniero Núñez les pedía una indemnización de $20 millones.
El juez de Sentencia explicó que Núñez no presentó el certificado de inscripción extendido por el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros que demostrara que él era el titular del invento.
Agregó que la firma del convenio con el FISDL el 15 de julio de 2012 para la fabricación de más de 100,000 cocinas, y en el que no figuró Núñez como tal en la sociedad, se hizo con una patente estadounidense a través de una sociedad fundada en Suiza.
Al final el proyecto que pretendía beneficiar a las escuelas del Ministerio de Educación y a familias de escasos recursos ya no se desarrolló porque cayó el financiamiento a través de bonos de carbono, ante la trascendencia que había tenido el proyecto en la Oficina del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas.
El ingeniero Núñez reaccionó ante el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia que según él, lo desprotegió en su derecho.
“No puedo creer que prevalece la injusticia en El Salvador y que los derechos de los salvadoreños no valen nada, es una vergüenza que hayan absuelto a estos señores y que yo haya quedado absolutamente sin nada en un proyecto en el que yo invertí toda mi vida”, lamentó el ingeniero Núñez.
Agregó que el proyecto lo llevó a invertir más de $4 millones de su patrimonio y 25 años de su vida en el desarrollo que por su impacto ecológico fue considerado el mejor invento para enfrentar el cambio climático por la ONU.
Según el Tribunal Segundo de Sentencia, Núñez no inscribió su propiedad intelectual ante el Centro Nacional de Registros, y solo logró que la institución le registrara parcialmente su creación hasta 2018, lo que en este proceso no le valió contra sus financistas.
El ingeniero salvadoreño asegura que no se va a quedar de brazos cruzados y que van apelar esta resolución, porque afirma que no fue por su dejadez que no registró su propiedad intelectual, sino que fue el CNR la institución que le detuvo el proceso por más de seis años por orden, según él, del ex fiscal Luis Martínez.
“Me siento ofendido, los extranjeros vienen a decir mentiras, vienen a hacer engaños y pasan por encima de la Ley, pero vamos a apelar la resolución”, dijo el inventor.
Entre tanto la defensa de los considerados financistas afirmó que el juez en su análisis dejó claro que en la turbococina no se había cometido ningún tipo de delito.
“En el caso particular que nos ocupa, hubo un consentimiento del ingeniero inventor, el tenía conocimiento de la creación de la empresa Soter AG S.A de C.V para la explotación de la invención y que no fue a firmar porque dijo que tenía cosas más importantes que hacer, a la fecha que se cometieron supuestamente los ilícitos supuestamente, el señor Núñez no era titular de ese invento”, afirmó el abogado, Dimas Romano hijo.
La oferta que los financistas presentaron al Fisdl se hizo con base en una patente de explotación del invento extendida en los Estados Unidos. “Al ingeniero Núñez en ningún momento se le ha quitado ninguna titularidad o relevancia del derecho de su invento, él puede perfectamente explotar en la manera y forma que estime conveniente”, explicó el abogado.
Agregó que consta en el proceso que al ingeniero salvadoreño se le pagaron cerca de $200,000 para desarrollar el programa, a parte de la financiación para certificar este proyecto que corrió por cuenta de sus patrocinados, que casi ascendió al millón de dólares.
La turbococina es un proyecto con un valor de entre $300 y $400, y la manera de financiarlo era a través de la emisión de los certificados de carbono al reducir la emisión de gases por el efecto invernadero, y eso implicaba un incentivo.
