Como un “fundamento político de conveniencia”, califica la abogada penalista Marcela Galeas, la propuesta de reforma al Código Procesal Penal (CPP) impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo.
“Yo no le veo fundamento jurídico lógico, sino que lo que encuentro es un fundamento político conveniente a”, opinó Galeas.
Este lunes, el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, presentó a los diputados de la comisión de Legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa dos propuestas de redacción para modificar el artículo 32 del CPP.
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“Como FGR estamos anuentes a que se realice una reforma al inciso final del artículo 32 y en tal sentido es que proponemos a esta comisión redacciones para que sean valoradas en el debate”, dijo Delgado.
Sin embargo, la abogada penalista señaló en primer lugar que no existe un estudio previo para que se estableciera lo oportuno de una retroactividad de estos casos.
Los diputados oficialistas argumentaron que “dicha reforma permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) la persecución de delitos de corrupción”.
La abogada explicó que “no es así, ese es un fundamento insuficiente para incluir la reforma, porque ya la FGR tiene facultades constitucionales para la persecución del delito en general y, específicamente, para los delitos de corrupción hay tratados internacionales en los cuales se promueve la actividad penal para la persecución de estos ilícitos”. Añadió que también el CPP faculta a la Fiscalía para proceder en estos casos de manera expresa, al igual que la ley orgánica de la FGR.
A juicio de Galeas, “la propuesta tiene un fundamento político conveniente a. En el sentido que el Gobierno va a poder ejercer acción penal sin haber tenido realmente un sustento investigativo para proceder, sino es que meramente se señale a un ex funcionario de esto, y que haya prescrito (caducado) el delito”.
En ese mismo sentido opinó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, quien destacó que la reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución.
Además, enfatizó que solo un fiscal general independiente podría investigar con seriedad a funcionarios señalados por avisos de la CICIES, en la Lista Engel o en investigaciones periodísticas.
A su juicio, la intención de que no caduquen la persecución de delitos de corrupción solo es creíble con un fiscal y una justicia independiente. “Por eso, por hoy, en su conjunto, la reforma es poco creíble pues las acciones del gobierno han demostrado un camino a la inversa en materia de lucha contra la corrupción”, señaló.
Marinero expuso que el gobierno y sus instituciones satélites (entre ellas la FGR) están luchando por mantener la apropiación indebida que hicieron de la lucha contra la corrupción.
“Se montaron en la agenda anticorrupción como promesa política y dos años después de llegar al poder la evidencia indica que hay serios casos de corrupción en el gobierno y además una intención de proteger a señalados entre sus filas”, dijo.
Añadió que “ahora instrumentalizan esa misma agenda para atacar a sus opositores políticos (sin perjuicio de que varios han sido señalados o investigados por corrupción), distraer la atención de los casos de “casa” y enviar a sus seguidores y a la comunidad internacional mensajes poco creíbles de su compromiso contra la corrupción”.
El 26 de julio pasado, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma para “incorporar todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos”, dijo.
La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que se busca cumplir con el combate de la corrupción de manera frontal y efectiva, pero aclaró que incluye a los funcionarios de los últimos 30 años.
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