La comisión especial que investiga la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales de la Asamblea Legislativa recibió este lunes a los representantes del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica para discutir el tercer informe de resultados sobre el uso de fondos dichos fondos destinados a la atención de la crisis por el COVID-19.
¿Cómo ha usado el Gobierno esos fondos de emergencia?
El Comité de Veeduría informó que el principal canal de movimiento de fondos durante la emergencia fue el Fondo de Protección, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), que recibió $607.1 millones, “cuyos mecanismos son de alta discrecionalidad”, dijeron los representantes del comité. Esto significa que en su manejo de fondos el Fopromid no aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Además, señalaron que al menos $107 millones de los fondos que tendrían que haber sido destinados para la emergencia fueron utilizados para fines distintos.
Tras conocer esa información, el presidente de la comisión, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA), manifestó su preocupación: “Nos preocupa mucho porque el Gobierno urgió a la Asamblea la aprobación de fondos para el Covid, pero, el dinero no iba para ese destino. Otro punto relevante es que al comité se le ha negado información, esto lo que está marcando reiteradamente es un reto a la transparencia, esperamos que esta situación mejore para que el pueblo sepa dónde está su dinero”.
Los coordinadores del comité, Wilson Sandoval y Ricardo Castaneda, informaron que parte de los recursos obtenidos fueron asignados a partidas que no guardan relación directa con la respuesta a la pandemia por COVID-19, ya que estos fueron asignados: $55 para Fomilenio II y $52 para pagar a veteranos y excombatientes, lo cual representa el 10.8 % de los $705 millones que provienen de endeudamiento externo.
Según el comité, hasta el 2 de febrero de este año la disponibilidad de recursos de acuerdo al mecanismo establecido en el decreto 608 de la Asamblea Legislativa es de $999.3 millones, de los cuales el 70.5 % es de nuevo endeudamiento aportado por el JICA, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el restante 29.5 % es proveniente de recortes a partidas de egresos, obligaciones generales del Estado.
Señalaron que, distinto a lo que establece el decreto 608 del Legislativo, el Fopromid en su manejo no aplica la LACAP y permite hacer transferencias entre distintas instituciones sin intervención de la Asamblea.
Entre las conclusiones que expresaron los representantes del Comité de Veeduría están que las decisiones para el manejo de los fondos no fueron tomadas por la Junta Directiva del Fondo de Emergencia, además de que se generaron disponibilidades no previstas, a través de ajustes al presupuesto vigente, aparte de que hubo fondos que se asignaron para destinos diferentes a enfrentar la pandemia.
Señalan que el Fopromid fue el principal destino de los recursos y que los fondos asignados por la Asamblea fueron recortados por un decreto del Ejecutivo, y que los recursos en su mayor parte fueron asignados por medio del presupuesto ordinario y no de un extraordinario.
“Buscan cualquier mecanismo en el cual no puedan rendir cuentas”
La diputada Yanci Urbina, del FMLN, dijo que con el informe queda claro que el Gobierno no cumplió con el mecanismo establecido en el decreto Legislativo 608 para el manejo de los fondos. “Omitió el cumplimiento de la ley con respecto al decreto 608 y ocupó otro mecanismo contrario a lo establecido y, al ser contrario, el principio básico de transparencia, de rendición de cuentas, de exposición de un presupuesto extraordinario para una situación extraordinaria no se cumplió”, opinó.
La diputada Marta Evelyn Batres, de ARENA, sostuvo que cuando aprobaron el decreto le dieron un mandato de ley al comité de veeduría para transparentar el uso de los fondos destinados para la pandemia. A su juicio, es denunciable la negativa a la transparencia sobre los fondos utilizados.
“Buscan cualquier mecanismo en el cual ellos no puedan rendir cuentas. Cuando nosotros vemos que $607 millones los han llevado prácticamente desviados a Fopromid, precisamente para no pasar por una ley de adquisiciones y contrataciones, para poder ellos administrar, en la manera en que los han administrado y yo me alargaría a decir, y de una manera responsable, que han desviado estos fondos para una campaña política electoral que eso sería totalmente grave, inaceptable”, sostuvo la diputada Batres.
Por su parte, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, manifestó que el Gobierno incumplió el mecanismo del decreto 608. Dijo que el tema principal para la Asamblea, que era el aspecto sanitario de la emergencia, fue que solo se detectaron $20 millones que iban para Salud y $30 millones para “un hospital que no existe, en lo que respecta al menos a la infraestructura esa que solo han hecho la fachada y además nos encontramos con que no existen actas en cuanto a los acuerdos de la junta directiva, sí nos preocupa muchísimo, como digo no es algo que nos sorprenda pero le debería de preocupar mucho al país”, dijo.