Las “voces valientes que se pronuncian por el desarrollo del país” están siendo perseguidas, advierte la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en un reciente pronunciamiento en el que llama a defender la libertad de pensamiento.
La entidad hace especial énfasis en el hecho de que, en el contexto político actual, las organizaciones de la sociedad civil se han convertido “en blanco de ataque y difamaciones”, sobre todo, aquellas que señalan los peligros y abusos, así como las inconformidades con el actual gobierno.
Fusades además afirma que “perseguir organizaciones ciudadanas, a la prensa, intimidar las voces críticas y utilizar las instituciones públicas con fines políticos, no es construir buena gobernanza” y agrega que, por el contrario, “es intencionalmente intimidar, desinformar y dividir a la población”.
No obstante, en el pronunciamiento la fundación también aclara que son estas voces a las que intentan silenciar las que denuncian las injusticias y sucede cuando “el afán de poder destruye los espacios cívicos”.
Ante ello hace un llamado a defender la libertad de pensamiento y las instituciones públicas que trabajan, dentro del marco constitucional, en “velar por los derechos y libertados individuales y no como verdugos políticos”, algo que forma parte del avance de la erosión en el Estado de Derecho, según el pronunciamiento de la institución.
Ataques continúan
El pronunciamiento de Fusades ocurre en una coyuntura en la cual las organizaciones de la sociedad civil se han visto afectadas por las iniciativas de ley que la Asamblea Legislativa oficialista ha aprobado a petición del presidente Nayib Bukele.
La más reciente estocada ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando los diputados afines al gobierno aprobaron la denominada Ley de Agentes Extranjeros, misma que podría limitar el acceso que tienen a financiamiento muchas organizaciones que trabajan en el campo con las poblaciones vulnerables.
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Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, consideran que esta medida es una especie de “extorsión” a la comunidad internacional, porque gravaría hasta con el 40% de impuesto a todo tipo de financiamiento que entreguen a las organizaciones.
La ley, que es un calco de la establecida en Nicaragua a finales de 2020, y que ha sido utilizada para encarcelar a voces críticas del régimen de Daniel Ortega, ha sido ampliamente cuestionada e, incluso, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la calificó como “un instrumento más para callar las voces disonantes al gobierno salvadoreño y para restringir gravemente el trabajo de periodistas independientes y de organizaciones de la sociedad civil”.