La Asamblea hizo una reforma al decreto legislativo 640 de emisión de los $2,000 millones en bonos y préstamos para enfrentar la pandemia, con el fin de subsanar el “vicio de forma” que la Sala de lo Constitucional observó a la Asamblea, al no haber consultado al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para reorientar fondos de ese decreto al pago del Fodes atrasado para las alcaldías; la contrapartida de Fomilenio II y para complementar la pensión de los veteranos.
El decreto fue aprobado con votos de los partidos ARENA, FMLN y PDC con 54 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones.
Sin embargo, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, expresó que la Comisión de Hacienda de la Asamblea citó al ministro de Hacienda para que diera su opinión sobre el nuevo decreto, pero el funcionario envió una carta contestando en forma negativa, por lo que los diputados dan por evacuada la observación de la Sala de lo Constitucional.
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“Nosotros hemos acatado el fallo de la Sala, de tal manera que hemos iniciado un nuevo proceso de formación de ley, dimos iniciativa a un nuevo decreto e inmediatamente mandamos a llamar al Ministro de Hacienda para que diera su opinión siguiendo los parámetros de la Sala, el evacuó la convocatoria por escrito diciendo que no iba a llegar y que daba su opinión por escrito en forma negativa”, explicó Parker.
Añadió que la Sala les ordenó que, al cumplirse con ese mandato, la Asamblea tiene la potestad de resolver de forma urgente ese vacío una vez evacuada la observación de la Sala, de pedir opinión a Hacienda, por lo que diseñaron un nuevo decreto con la reforma al 640.
Según ese documento, en la reforma al artículo 12 se establece que “de los ingresos que se obtengan como producto de la colocación de recursos que se autorizan mediante el presente decreto (640), deberán incorporarse al Presupuesto General del Estado en el Ejercicio Fiscal correspondiente; por lo que se faculta al Ministro de Hacienda para que realice las operaciones presupuestarias, contables y financieras que estime necesarias para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del presente decreto”.
En el mismo se reafirma el destino de $288.2 millones para el aporte que el Estado debe entregar a las alcaldías en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), correspondientes a las cuotas mensuales que debían haberse pagado desde junio hasta diciembre de 2020.
Otros $50 millones para el pago de la contrapartida a la que está obligado el Gobierno para cumplir con el Convenio del Reto del Milenio entre El Salvador y los Estados Unidos.
Así como $16 millones para completar el pago de los beneficios de veteranos y excombatientes del conflicto armado del ejercicio fiscal de 2020; y $45.8 millones para el pago de obligaciones de proveedores del sector privado del Estado.