Organizaciones de la Sociedad Civil han enviado una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedirle que condicione el acuerdo con el Gobierno salvadoreño a que la Asamblea Legislativa afín al Presidente Nayib Bukele restituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional depuestos el 1 de mayo.
Además, que la bancada del presidente Bukele derogue las reformas a la ley de la Carrera Judicial y restituya a los cientos de jueces que cesó por haber cumplido los 60 años de edad o 30 de servicio.
También que pida al Tribunal Supremo Electoral que rechace el fallo de la Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo en el cual se allana la reelección del presidente Bukele pese a al menos cinco artículos de la Constitución que lo prohiben.
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De acuerdo a las organizaciones, es pertinente que el FMI solicite estas condiciones al Gobierno porque en sus políticas está la protección de la institucionalidad de los Estados que apoya.
“De acuerdo con las políticas del FMI, los SAF incluyen condiciones específicas centradas en reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas. Particularmente desde el 1 de mayo el Gobierno de El Salvador ha acelerado el deterioro del orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los principios democráticos y republicanos”, dice el comunicado.
Entre los firmantes de la misiva a la institución financiera multilateral están la Fundación Nacional para el Desarrollo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el Centro de Estudios Jurídicos, Acción Ciudadana, Cristosal, la Fundación DTS, entre otros.
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“Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil hemos enviado una carta al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI pidiendo que, en caso se alcance un acuerdo con El Salvador, se impongan las siguientes condiciones”, dice el comunicado en torno a las condiciones antes enunciadas.
Los firmantes solicitan que antes de cualquier desembolso al Gobierno, el FMI exija esas acciones para que el país recupere su institucionalidad, es decir, a como estaba antes del 1 de mayo que entró el funciones la Asamblea Legislativa oficialista.
“Se ha solicitado que tales condiciones sean ex ante; es decir que deben ser cumplidas previo a cualquier desembolso al Gobierno de El Salvador. Pedimos a los Estados Unidos de América y a los demás Estados con representantes en el Directorio Ejecutivo del FMI que comparten valores democráticos, que en el ejercicio de sus mandatos en el FMI consideren la defensa de la democracia en El Salvador”, concluye el comunicado firmado el 7 de octubre.