Las instalaciones de varias organizaciones sociales son allanadas este lunes por la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público allanó 8 inmuebles relacionados a organizaciones sociales en diferentes puntos del país, con el fin de investigar una posible participación en el delito de peculado, malversación de fondos y negociaciones ilícitas según explicó el fiscal del caso.
Las diligencias son el resultado del aviso remitido por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó fondos entregados a oenegés.
Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Primero de Paz de San Salvador, Lisett Flores, quien, según una investigación de Revista Factum, es parte de los jueces que fueron electos en el cargo el pasado 26 de septiembre sin estar en la terna del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y sin seguir el proceso como manda la ley. Flores, además, es exesposa del fiscal impuesto, Rodolfo Delgado.
FOTOS: “No tenemos nada que ocultar”: FGR allana oficinas de Las Mélidas
Por su parte, Azucena Ortiz, directora de la Asociación Mélida Anaya Montes, manifestó: "Nos están criminalizando cuando realmente lo que hemos hecho es dar un gran aporte para que en nuestro país se respeten los derechos humanos de las mujeres".
Foto EDH/ Francisco Rubio
VER: Ley Agentes extranjeros pone en riesgo la cooperación internacional al país
"Consideramos esta acción un atentado a nuestra institución, un acto cobarde para opacar nuestro accionar", denunció Las Mélidas vía Twitter.
Algunas de las trabajadoras permanecieron en el lugar tras la sorpresiva llegada de las autoridades. Foto EDH/ Francisco Rubio
Según el oficio del Juzgado Primero de Paz de San Salvador, las organizaciones allanadas son:
-Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES)
- Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes, "Las Mélidas"
- Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD)
- Fundación Salvadoreña de Apoyo para Víctimas y Afectados por las Pandillas "Una Mano Amiga" (que cuenta con dos inmuebles)
- Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA
- Asociación de Mujeres Tecleñas
- Fundación Ambientalista de Santa Ana "FUNDASAN"
Oficio N2029 del Juzgado primero de Paz de San Salvador con el cual han ingresado a nuestras instalaciones. pic.twitter.com/pQ87a7SYFk
— Las Mélidas (@Las_Melidas) November 22, 2021
Según Fiscalía, estas organizaciones han sido denunciadas por recibir de forma irregular fondos del Estado y detalló, por ejemplo, que PROCOMES recibió $2,022,245; Provida $260,000: Mano Amiga $2130,000 y Las Mélidas $518,890, esto producto de 32 convenios que estas entidades hicieron con diferentes ministerios y otras instituciones de gobierno.
"Este hecho nos sorprende en gran medida, ya el único delito del que se nos puede acusar es de defender los derechos de las mujeres", manifestó la organización Las Mélidas durante el allanamiento. "No tenemos nada que ocultar", reiteraron.
El fiscal de la Unidad Especializada Anticorrupción de la FGR indicó que son un total de ocho inmuebles los que serán allanados, en San Salvador, Santa Ana y La Libertad, específicamente los vinculados a organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno premia con aumentos a titulares de Fiscalía, Corte Suprema e IAIP
¿Y los casos señalados al gobierno de Nayib Bukele?
Con estos allanamientos, Fiscalía, bajo la batuta de Rodolfo Delgado, actúa con celeridad tras un aviso presentado por legisladores del partido del presidente Nayib Bukele en agosto pasado, como resultado de una investigación abierta a nivel de la Asamblea Legislativa sobre lo que llamaron “organizaciones fachada”, mientras de otros procesos poco o nada se sabe.
Casos de corrupción señalados a este gobierno, y que surgieron de avisos de la Comisión de Investigación contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) y que la administración anterior de Fiscalía inició investigación. Entre los expedientes, que se supone están abiertos en Fiscalía, están las presuntas compras irregulares de insumos médicos y de alimentos, en los que se señala a exfuncionarios del gobierno de Bukele como Pablo Anliker.
Foto EDH/ Francisco Rubio