Fiscalía acusa a jefe policial por incumplimiento de deberes tras no acatar orden de evitar bloqueo a relleno sanitario

La Fiscalía asegura que el comisionado Herrera no intervino para solucionar la situación, a pesar de que se le ordenó hacerlo.

El periodo de cierre fue del 28 de septiembre al 6 de octubre. Foto EDH

Por Nancy Hernández

Oct 26, 2020- 20:40

Víctor Manuel Herrera, comisionado jefe de la delegación policial de Apopa, ha sido acusado por incumplimiento de deberes, esto relacionado al caso del cierre del relleno de Nejapa, ocurrido entre el 28 de septiembre al 6 de octubre.

El requerimiento de acusación fue presentado en el juzgado de Paz de Nejapa, que deberá de definir la fecha de la audiencia inicial en contra del comisionado Herrera.

“El delito que se le atribuye al comisionado Herrera es el incumplimiento de deberes (…) tiene que ver con las manifestaciones y el cierre de la calle que conduce hacia el relleno sanitario de MIDES”, explicó Alfonso Mojica, jefe de la oficina fiscal de Apopa.

Mojica explicó que trabajadores de la alcaldía de San Salvador, aglutinados en la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), llevaron a cabo un cierre sistemático del relleno para impedir que camiones recolectores de basura de la municipalidad ingresaran al lugar. Ante esta situación, la FGR solicitó a Herrera intervenir para evitar el bloqueo, pero él no acató la orden.

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“La Fiscalía General de la República a través de la Oficina Fiscal de Apopa entregara el día 3 de octubre de este año, dos documentos dirigidos al Jefe de la Delegación San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil, en los que básicamente le pedía que tomará las medidas de seguridad a fin de evitar que continuara la limitación a la libre circulación, y que garantizara de manera permanente que los camiones con basura recolectada del área metropolitana de San Salvador, pudiera ingresar al relleno de desechos sólidos de MIDES”, dice el informe de Fiscalía.

 

 

“La omisión de parte del parte del oficial de la Policía Nacional Civil, para cumplir con los deberes que le han sido impuestos a esta institución y a sus miembros, en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y el Código Procesal Penal, a juicio de la representación fiscal lo hicieron incurrir en el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previsto y sancionado en el Art. 321 del Código Penal” se lee en la descripción.

Según el informe, a pesar de la solicitud y de haber presencia policial en el lugar, “no existió ninguna acción para habilitar el paso vehicular” por tanto “la Fiscalía acredita así, la omisión y pasividad del imputado, comisionado Víctor Herrera, al no haber girado las debidas instrucciones para la habilitación total del paso vehicular, pues no tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia”.

A principios de octubre, el Fiscal General, Raúl Melara, le advirtió también al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, que negarse a cumplir la orden del Ministerio Público puede acarrear responsabilidades penales.

Sin embargo, esas responsabilidades penales recaerán solo en el jefe de la Policía de Apopa y no en el Director de la Policía, tal como lo advirtió Melara.

“Él, como director de la Policía Nacional Civil, debe de acatar lo encomendado, ya que está dentro de las funciones legales que le competen por mandato constitucional”, dijo en ese entonces Marcela Galeas, abogada penalista.

Según la abogada, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en su artículo 23 numeral 16, también lo obliga a colaborar y atender los requerimientos de los funcionarios de los órganos del Estado.

El artículo 321 del Código Penal establece el delito de incumplimiento de deberes con penas que van desde los cuatro a seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.

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La desobediencia por parte del director policial a órdenes de la Asamblea y la Fiscalía representa un peligro a la institucionalidad, pues las autoridades de seguridad pública están actuando al margen de la ley, consideró Eduardo Escobar.

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