Incumplimiento de deberes del director de la Policía podría llevar a un Estado fallido, dice Acción Ciudadana

La desobediencia por parte del director policial a órdenes de la Asamblea y la Fiscalía representa un peligro a la institucionalidad, pues las autoridades de seguridad pública están actuando al margen de la ley, consideró Eduardo Escobar.

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El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas junto a los diputados Reynaldo Cardoza y Antonio Armendáriz, el día 9F. Foto EDH / Archivo

Por Nancy Hernández

2020-10-05 1:12:23

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas ha caído en incumplimiento de deberes al no acatar las órdenes directas de instituciones, vulnerando y arriesgando la institucionalidad del país, hechos que podrían llevar a un Estado fallido, según Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.

La primera falta cometida por el director de la Policía fue no obedecer cuando los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ordenaron que llevara con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara cómo se usaron $3 mil millones durante el repunte de la pandemia causada por el COVID-19, puesto que el funcionario ya había sido convocado tres veces.

Contrario a acatar la orden de la Asamblea, Arriaza Chicas hizo valoraciones que no le corresponden y cuestionó la solicitud de los diputados.

A ello se suma recientemente la falta de cumplimiento de una orden de la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder contra las personas que obstaculizaron la entrada al desecho sanitario de Nejapa, conocido como Mides. El Fiscal General, Raúl Melara, le advirtió el domingo al director de la PNC que puede incurrir en “responsabilidad penal” si no cumple con la orden de garantizar el ingreso de los camiones de la alcaldía al relleno.

Sin embargo, el director de la Policía, Arriaza Chicas, también le contestó en Twitter al fiscal argumentando que “todo obedece a fines políticos para generar crisis y hacer ver mal a la Policía de no estar cumpliendo su trabajo. La instigación también es delito”.

A juicio del director de Acción Ciudadana, esto es un claro ejemplo del “incumplimiento de leyes”, por lo cual Arriaza Chicas incluso podría ser procesado, obtener un pena de prisión y la inhabilitación del cargo.

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“Con lo del relleno sanitario la Policía se está negando a cumplir con sus deberes porque no están procediendo a despejar la vía para que ingresen los camiones”, explicó Escobar.

Aseguró que ambas acciones muestran que la institución, a través de su director, se está politizando e instumentalizando, evitando que se acaten las órdenes dadas por las instituciones legitimas como la Asamblea Legislativa o la Fiscalía. Para Escobar, en ambos casos Arriaza Chicas ha interpretado y politizado dichos mandatos.

“Lo que ha pasado es que el director de la Policía ha interpretado las órdenes, en este caso él no está facultado para interpretarlas. Él como autoridad sólo está obligado a cumplir el requerimiento que ha hecho la Asamblea Legislativa de que lleve a la personas (ministro de Hacienda). Él ha interpretado y no lo tiene que hacer. (También) ha hecho valoraciones políticas sobre la orden de la Asamblea, él no tiene que hacer ese tipo de liberación, es una autoridad que ejecuta”, explicó.

Aseguró que el incumplimiento de deberes de parte del funcionario representa un peligro a la institucionalidad del país porque además de desobedecer a la Constitución, significa que las autoridades están actuando al margen de la ley.

“Él está desobedeciendo lo que dice la Constitución y está llevando al peligro al país porque las autoridades de seguridad pública y Fuerza Armada están desobedeciendo las ordenes legítimamente dadas por las autoridades. Ponen en riesgo al país porque no se pueden llegar a cumplir las ordenes judiciales o requerimientos fiscales, esto significa que las autoridades no tienen la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones porque las fuerzas de seguridad pública no las van acompañar porque se están politizando. Es grave que las autoridades públicas no estén acatando las órdenes es un precedente que podrían hacer lo mismo con otras órdenes”, enfatizó.

El proceso que sigue ante la actitud de desacato del director de la Policía es que una vez certificado a la Fiscalía, el ministerio público debe de investigar, determinar si hay delito y ordenar la detención.

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Explicó que si la Policía hace caso omiso de las órdenes judiciales y fiscales estaría quebrantando el Estado de Derecho y llevando al país a un Estado fallido.

“La lógica del Estado de derecho es el respeto a la ley, cumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes y si la Policía no cumple ordenes judiciales y fiscales, eso es una ruptura a la lógica del Estado de Derecho porque las autoridades que no sean del Ejecutivo carecen de la oportunidad de cumplir sus órdenes. Entonces el Estado falla en hacer cumplir las leyes y obviamente desde la óptica tradicional de la ciencia política estaríamos en una tiranía que es donde no se cumple la ley”, manifestó el director de Acción Ciudadana.

“Lo que queda es que la Fiscalía ante este tipo de comportamiento proceda ordenando la detención. Él no tiene fuero constitucional y el punto es que está desobedeciendo órdenes” concluyó Escobar.

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