El estudio Atención judicial a casos LGBTI en El Salvador, presentado este 22 de octubre por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), remarca la necesidad de cambios en el Estado y en concreto en el sistema judicial, para garantizar que estas personas tengan acceso pleno a la justicia.
El estudio analizó casos ejemplarizantes, donde personas LGBTI han enfrentado procesos judiciales y han tenido resultados favorables, pero con caminos tortuosos y cargados de discriminación. Según las conclusiones del documento, los principales obstáculos son “vacíos legales, e institucionales; así como a la ausencia de recursos judiciales revestidos de adecuadas garantías, como el deber de debida diligencia y de especialización para impartir justicia”.
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Pese a que han habido algunos avances para garantizar el acceso a la justicia de este sector de la población, las instituciones de justicia continúan representando hostilidad para las personas sexualmente diversas. “Es importante capacitar a los jueces y fiscales sobre delitos de odio, para que se incluyan los elementos que constituyen delitos de odio, conforme al derecho salvadoreño”, explicó durante la presentación Cristian González Cabrera de Human Rights Watch.
Según el representante de la entidad internacional, “desde 2015 se modificó el Código Penal salvadoreños para incluir como homicidios agravados los asesinatos por el odio, pero hasta hoy los fiscales sólo han intentado clasificar tres homicidios de personas LGBTI como delitos de odio y en todos los casos, los jueces desestimaron los cargos y no ha habido condenas por ellos”, explicó.
El duro camino para lograr justicia
Uno de los casos más representativos de las prácticas discriminatorias en el sistema judicial salvadoreño es el de Aldo Peña, un hombre trans que fue agredido por policías y amenazado de muerte, en el año 2015. Por ese hecho, Aldo recibió golpes y casi pierde un ojo.
A raíz del hecho, enfrentó dos procesos judiciales. En el primero, los policías lo acusaron de haber sido él quien había agredido a un grupo de siete agentes policiales de Ciudad Delgado. Finalmente, Aldo fue sobreseído y decidió demandar él a los policías por las lesiones que había recibido. Con ese proceso, logró que tres policías fueran condenados por el delito de “lesiones agravadas”.
Peña asegura que el proceso judicial en el que se condenó a los policías que atentaron contra su vida tuvo ese resultado porque el juez aseguró que “el caso era observado por gente de afuera del país”. Sin embargo, durante el proceso el juzgador se mostró hostil, poniendo obstáculos a la fiscal y se refería a él con motes discriminativos.
Aldo también enfrentó obstáculos dentro de la fiscalía. La fiscalía no quería abrir un proceso para imputar a los policías. “En toda institución hay alguien quien dirige. Yo no puedo llevar mis prejuicios al trabajo, mis creencias. Las instituciones deberían poner más cuidado para que los funcionarios hagan su trabajo con base a la ley y no a sus creencias o percepciones”, concluye Peña.