La víctima fue citada en hoteles, y luego de ganar su confianza amenazaron con divulgar fotos íntimas. Foto de referencia: Pixabay
La presunta chantajista, una mujer de 22 años, una mujer de complexión gruesa, piel blanca, pelo teñido de rojo, residente de la zona norte de San Salvador, aceptó la suma de dinero y acordaron el lugar y hora donde sería entregado el dinero. Esta cita se concretó en enero.
La historia cambió cuando la víctima vio sus fotos y los vídeos en redes sociales. Dice que eso la molestó e inició una demanda a través de la Fiscalía General de la República.
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“Yo no sabía que estaba siendo extorsionada pero el fiscal me dijo que si yo dí dinero a cambio de (no) compartir mis fotos, eso era extorsión”, afirma la demandante.
Además, dice, le hicieron ver que era la vía más corta para iniciar el proceso, ya que si se iban por la vía de revelar datos personales, el camino sería más largo y que en algunos casos quedaban en el limbo, de modo que la demanda se hizo efectiva el 10 de febrero.
La víctima dice que presentó pruebas algunas capturas de pantalla y un testigo que vio cuando entregó los $500 a la mujer.
La demanda llegó a oídos de la acusada y esta inició un proceso de amenazas contra su víctima a través de mensajes, llamadas telefónicas amenazantes y llegaban hombres a golpear la puerta de la casa, a distintas horas, para exigirle que retirara la demanda en la Fiscalía, asegura la demandante.
Una vez, relata, llegaron a la 1:00 de la madrugada y comenzaron a golpear fuerte la puerta de la casa. Todo eso la ha afectado, dice la victima, quien es madre de una joven de 15 años, al punto que para evitar a sus agresores han optado por andar de casa en casa.
“He recibido amenazas, ha mandado personas a mi casa para amenazarme y obligarme a que quite la denuncia, esto me deja claro que en el país no existe protección para testigos ni para las víctimas. He tenido que huir de un lado a otro”, asegura.
Las nuevas amenazas y el acoso del que dice estaba siendo víctima se sumó a la denuncia que se abrió en Fiscalía. No obstante, cuando las investigaciones fiscales avanzaban y ya estaban a punto de llegar a una orden de detención, el gobierno decretó emergencia nacional por COVID-19 y el caso se empantanó.
“Llamé al fiscal del caso para preguntar por el avance de mi caso y me dijo que debido a la pandemia, los investigadores se habían contagiado de COVID y eso impedía realizar su trabajo”, explicó la señora.
Esta triste experiencia, señala la víctima, no quiere que le pase a más personas y les recomienda no aceptar invitaciones en redes sociales de personas desconocidas y mucho menos programar encuentros con extraños.
El Diario de Hoy intentó conocer la versión de la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pero un vocero de la oficina de prensa respondió que por encontrarse en proceso de investigación se abstienen de ofrecer detalles.
Acosar por redes es un delito
La jefa de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y a la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Silvia Saca, ha enfatizado que los delitos que son cometidos a través de redes sociales no deben quedar en silencio sino que deben ser denunciados.
“Recordarles que si hay acoso por cualquier red social, no borre el contenido, denuncie ante la Fiscalía o la Policía Nacional Civil, ya que ambas instituciones cuentan con equipo tecnológico para investigar y dar con los responsables”, recomendó la fiscal.
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La jefa fiscal advirtió que crear perfiles falsos para acosar por medio de redes sociales es constitutivo de delito.
En El Salvador está vigente la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, que permite perseguir las conductas delictivas cometidas por medio de las tecnologías de la Información y la Comunicación, así como sancionar los delitos mediante estos medios que afecten los “intereses asociados a la identidad, propiedad, intimidad e imagen” de las personas, ya sea naturales o jurídicas.
Además, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador fue promulgada con el fin de proteger a este sector, incluyendo “su derecho a la vida, integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”.
“Lo que se debe hacer de inmediato es tomar las capturas de pantalla y copiar la URL o el sitio donde se expone el mensaje, que forma parte del IP (dirección o número que identifica cada conexión a internet de un equipo), mediante el cual se puede localizar una cuenta”, aconsejó la especialista Nayelly Loya, en un foro con universitarios en noviembre del año pasado.