31Las pandillas criminales no han dejado de extorsionar a comerciantes, empresarios, transportistas, taxistas, vendedores informales y hasta personas particulares; a pesar del discurso triunfalista del gobierno con su polémico plan Control Territorial.
Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) detallan que 1,131 personas han sido víctimas de extorsión por parte de los grupos pandilleriles, sin que hasta el momento el referido plan haya detenido ese flagelo social. Los datos corresponden al período de enero a agosto.
El año pasado, las víctimas de extorsión llegaron a 1,345 en los 12 meses de 2020, en un año en el que hubo cinco meses de encierro obligatorio por la pandemia del Covid-19. Esa cifra fue menor a los casos reportados en 2019 que contabilizó 2,114, es decir, 769 denuncias menos que 2019.
El promedio de extorsiones en ocho meses de este año llegó a cinco denuncias por día; mientras que en todo 2020 fue de cuatro por día.
Para este año, agosto se presenta como el que más denuncias recibió la Policía con respecto a la extorsión. En ese mes, 168 víctimas acudieron a alguna delegación policial para denunciar el hecho.
Otro de los meses con más denuncias por extorsión fue marzo que contabilizó 163 avisos. Le siguió julio con 147 casos.
A partir de mayo se registró un leve comportamiento al alza de las denuncias. Por ejemplo en mayo se recibieron 146 avisos, al siguiente mes hubo 144, mientras que para julio se tuvo 147 denuncias y en agosto con 168.
Sin embargo, oficiales de la Policía consultados por El Diario de Hoy señalaron que existe una aparente reducción de la extorsión con respecto a años anteriores, pero solo si se toma en cuenta los datos de la Policía, pero que no contemplan la cifra negra de ese delito.
Ni la Policía ni la Fiscalía General tienen un estimado de cuánto andaría el dato de la cifra negra dela extorsión.
Eso quiere decir que hay muchas víctimas que prefieren pagar la extorsión y no denunciar por temor a represalias de las pandillas contra su familia. Es tanta la impotencia de las víctimas ante las amenazas de esos grupos criminales que no les queda otra opción que pagarles las veces que ellos quieran, según fuentes policiales.
La desconfianza en las autoridades policiales es otra de las razones por las que las víctimas temen ir a poner las denuncias porque no saben si el agente de Policía que recibe la denuncia tiene vínculos con pandillas o no, según algunos afectados.
“Como las víctimas desconfían de las instituciones de seguridad y justicia, no denuncian la extorsión, con lo cual cuesta más entenderla y atenderla”, señala un estudio divulgado en este mes de octubre por The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC)..
En el estudio, la referida organización internacional explora el impacto de la extorsión en las empresas centroamericanas.
Destaca que “esta desconfianza se extiende hasta los propios compañeros del gremio comercial o empresarial: hay informes que indican que, para no ser extorsionadas, las posibles víctimas brindan información sobre sus competidores y desvían la extorsión a otra víctima”.
Concluye el referido organismo que “la extorsión en el sector privado tiene un impacto negativo doble. Por un lado, impide el crecimiento económico porque limita el crecimiento de las empresas, con lo cual no se pueden ofrecer más y mejores empleos a los ciudadanos de la región”, concluye el estudio.
Otra de las conclusiones es “la falta de políticas sostenibles por parte de las instituciones de seguridad a comerciantes y empresarios de todo tamaño ha propiciado desconfianza entre ellos e incluso prácticas desleales o incluso ilegales”.
Empresas pagan $1 millón anual en extorsiones en El Salvador
Al referirse a El Salvador, la Iniciativa Global señala que “las grandes empresas pagan alrededor de un millón de dólares anuales en extorsiones”. Lo anterior acarrea un gran impacto económico en las empresas afectadas que las obliga a incrementar sus costos y el precio de los producto; lo que se traduce en las ganancias para los extorsionistas, señala el estudio elaborado por los expertos Guillermo Vázquez del Mercado, Luis Félix y Gerardo Carballo.
Trae a cuenta el caso de 17 comercios de distinto rubro que pagaron hasta $35,000 a un grupo de pandilleros en Usulután. Como respuesta, la Fiscalía General ordenó las capturas de 22 pandilleros ligados a esas extorsiones, según el referido organismo internacional.
El transporte público es otro de los rubros más golpeado por la extorsión que exigen las pandillas en el país. “En 2020, El Salvador pagó 10 millones de dólares anuales (en extorsión al transporte público). En años anteriores el promedio era de entre 12 y 14 millones de dólares”, señala el estudio.
Destaca además que la inseguridad y la delincuencia son los dos principales problemas que enfrentan las empresas y los negocios informales que impiden su crecimiento económico y la oferta de empleos en El Salvador.
Cita una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo hecha en 2019 en el sector empresarial que arrojó los siguientes resultados: “El 29,4 % de las micro y las pequeñas empresas, el 31,8 % de las medianas y las grandes empresas y el 32 % de los negocios informales señalan estos fenómenos como dos obstáculos para sus operaciones”.
Agrega que los comercios , las pequeñas y las grandes empresas a menudo son víctimas de extorsión y se ven obligadas a considerar este pago como un gasto no deducible.
Destaca que durante la elaboración del estudio no se pudo identificar protocolos de seguridad diseñados por las instituciones estatales de seguridad para prevenir y combatir la extorsión en el sentido de ofrecerles atención y protección a las empresas ni a las personas que se dedican al sector productivo o comercial.
“Ante este vacío institucional, las propias empresas han buscado diversos mecanismos para enfrentarse a las amenazas de los extorsionadores”, señala el estudio.
Parte de esas medidas de autoprotección “van desde call centers para centralizar las llamadas extorsivas y negociar la reducción de costos hasta el desarrollo de protocolos internos para entender el contexto de cada llamada para eliminar pagos”, de acuerdo al análisis de Iniciativa Global.