El pasado 28 de febrero, el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó la Ley de Reconciliación aprobada solo dos días antes, aduciendo que era una nueva amnistía. Sin embargo, a juicio del director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, “el veto no es suficiente para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado salvadoreño”.
Al ser consultado por El Diario de Hoy, el experto en derechos humanos añadió que gran parte de las víctimas del conflicto “lleva décadas esperando justicia y merecen un proceso serio y genuino”, que implica nueva legislación, pero también “permitir que las víctimas conozcan la verdad sobre lo sucedido, incluyendo la apertura de los documentos de las FFAA que permanezcan archivados”.
Esta mañana, el Ministerio de Defensa impidió el acceso de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y apoderados legales de la Universidad de El Salvador que acudieron a inspeccionar estos documentos.
Esta diligencia de inspección es, según Nelson Carrillo del equipo legal de la casa de estudios, parte del proceso de solicitud de archivos y documentación que registre operativos militares desde 1970 a 1995.
Por ello, afirma Vivanco, se puede considerar que el mensaje que envía Bukele es inconsistente, pues aboga por un lado por las víctimas, pero no exige quitar el velo a estos documentos.
Ley con vacíos e inconsistencias
A juicio de José Miguel Vivanco, lo aprobado por el Legislativo tenía vacíos e inconsistencias a la luz del derecho internacional. Por un lado, explica, limitaba el enfoque a investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, ignorando la obligación de indagar sobre graves violaciones a derechos humanos.
Asimismo, criticó los plazos breves para adelantar investigaciones. Esto es, a su juicio, “poco realista y puede abrir la puerta a la impunidad para muchos de los graves delitos que se cometieron durante el conflicto armado”.
Finalmente, criticó que la ley señalaba de forma “amplia e imprecisa” que a los condenados se les podía conmutar la pena, sin aclarar los supuestos para hacerlo. “Esa disposición podía ser utilizada de forma indebida para permitir que los responsables de graves atrocidades no enfrenten un castigo adecuado”, aclara.
Finalmente, sobre la reducción de penas que incluía la legislación, añade que las condenas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos y su participación en ellos y no solo penas ilusorias. El director de HRW explica que la reducción, como ha sucedido en otros países, ha ido amarrada a colaborar con la justicia, pero “debe existir argumentos muy fuertes para permitir una reducción drástica de la pena como la que se proponía en El Salvador”.