La recién aprobada Ley de Reconciliación y Justicia Transicional cuenta desde antes de su aval y posterior a ella con el rechazo de organizaciones sociales de defensa de las víctimas del conflicto armado y ayer se sumaron las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que la normativa debe velar por cumplir estándares internacionales, entre ellos, la no prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En su cuenta de Twitter, la CIDH “reitera su llamado al Estado salvadoreño a cumplir con la resolución de la sentencia de la Sala Constitucional de 2016, la resolución de Seguimiento 2018 y con los estándares interamericanos en relación con el Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional”.
La Comisión Interamericana hace alusión a aspectos como: “la inadmisibilidad de las disposiciones de amnistía y de prescripción, así como el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de dichas violaciones”.
Según la CIDH es importante que el “Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones internacionales en temas de justicia transicional, se abstenga de aprobar leyes que violen los derechos de las víctimas e impidan la justicia por graves violaciones de Derechos Humanos”.
Sin embargo, no todos opinan que la Ley de Reconciliación aprobada por la Asamblea la noche del miércoles en una plenaria extraordinaria, es totalmente negativa.
El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, opinó ayer en la Asamblea que la normativa representa un avance, aunque admitió que necesita mejoras.
“En el artículo que le da al Fiscal el poder general para decidir si un hecho responde a la clasificación de lesa humanidad y de crimen de guerra, es el fiscal quien decide en primera instancia, en eso no estamos de acuerdo, consideramos que debería ser un juez. Tampoco que no se garantice el fondo de reparación ni de financiamiento”, opinó Oliva.
Lo que sí dijo no comparte con el resto de organizaciones sociales que la han tildado como una “nueva ley de Amnistía”, según David Morales, de Cristosal; o como un “pacto de impunidad”, de acuerdo a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La Asamblea Legislativa de El Salvador no aprobó una ley, aprobó un pacto de impunidad, que busca que quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado, no sean llevados ante la justicia y sancionados por las atrocidades cometidas”, publicó Guevara Rosas de Amnistía Internacional en su Twitter.
Oliva aclaró que “de ninguna manera comparto que sea una ley de Amnistía”. Contrario a lo que cuestionan los defensores de las víctimas que, según ellos, la ley busca proteger a los hechores de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra de la década de los 80 y 90; Oliva aclara que la reducción de las penas son válidas y aceptadas en la legislación penal nacional vigente.
“En este tipo de leyes es común que haya disminución de penas que conllevan el contribuir con el esclarecimiento del caso, en el reconocimiento de que se ha participado en ese hecho y pedir perdón”, sostuvo el rector de la UCA.
No todos piensan igual. En un video publicado en Twitter, Cristosal dice que “la propuesta aprobada contiene vicios de impunidad que permitirán a los culpables de cometer crímenes de guerra evadir sus penas y seguir burlando a las víctimas. Los diputados se excusan diciendo que los criminales de guerra ahora son ancianos, pero las víctimas ¿acaso no son ancianos ahora también?”, aclara Cristosal.