Estos son algunos funcionarios con informes de Probidad pendientes de ser analizados en la Corte

Entre estos casos están los de Sigfrido Reyes, Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz

El presidente Salvador Sánchez Cerén junto con el vicepresidente Oscar Ortiz Foto/ Jorge Reyes

Por V. Jurado

May 08, 2019- 21:52

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han emitido resolución sobre varios casos de funcionarios o exfuncionarios, quienes han sido investigados y han debido justificar sus ingresos o bienes.

En el caso más reciente, el diputado Guillermo Gallegos fue absuelto el martes de presunto enriquecimiento ilícito por resolución tomada por 12 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una votación en el pleno.

La decisión, que significa que el legislador de GANA no irá a juicio civil, viene luego de varias semanas de revisión. Según fuentes de la Corte Suprema, los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, Aldo Cáder Camilot y Dafne Sánchez se abstuvieron de votar en este caso.

Este es el segundo caso de un funcionario o exfuncionario que la actual Corte absuelve. En marzo pasado, el caso de Ana Vilma de Escobar, exdiputada y exvicepresidenta de la República, fue respaldada por nueve de 15 magistrados. Seis razonaron su voto.

Con esto, la lista de investigados por la sección de Probidad donde se analizan las declaraciones patrimoniales que han presentado algunos funcionarios públicos de sus gestiones, seguirá reduciéndose, ya que, se espera que en los próximos días lleguen informes de los siguientes nombres al pleno Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte tiene en fila varios casos o informes de Probidad pendientes para el análisis, entre ellos están los de Sigfrido Reyes, Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz:

Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, declaró ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presuntas irregularidades halladas en sus declaraciones de patrimonio y de su familia.

El dato lo desveló el propio Reyes en un escrito que hizo llegar a la Corte y a cuya copia tuvo acceso El Diario de Hoy, en el que pidió 120 días adicionales a los diez días que le estableció Probidad para que presente sus pruebas de descargo en el proceso de análisis que esa instancia de la Corte lleva sobre la declaración de bienes del exdiputado y alto dirigente del FMLN. Tras su petición se le concedió 90 días.

Según fuentes de la Corte, Reyes no había justificado el origen de $717,065.80 durante los nueve años en los que fue diputado (2006-2015). Él solicitó tres meses para presentar la documentación y el plazo para entregarla se le venció el 7 de febrero de 2018.

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador

Antes de ser mandatario, Sánchez Cerén estuvo desde 2000 hasta 2006 en la Asamblea Legislativa representando al FMLN, desde ese último año hasta el 2008 fue coordinador de la fracción partidaria.

En 2009 se convirtió en vicepresidente de la República y fue nombrado ministro de Educación, ambos cargos en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quien actualmente es procesado por presunto enriquecimiento ilícito e investigado por varios delitos penales por la Fiscalía.

Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz llegan a la entrega del informe del cuarto año de gobierno ante la Asamblea Legislativa.

Foto/ Capres

Óscar Ortiz, vicepresidente de la República 

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se sumó a la lista de investigados por la sección de Probidad, por su gestión como alcalde de Santa Tecla.

Para ese entonces, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime dijo que la información que llega a Probidad tiene que someterse a análisis y no puede haber resultados en tan poco tiempo, porque además las instituciones a las cuales se les solicitan reportes tardan en darlos, a veces, hasta un mes.

René Figueroa, exministro de Seguridad

Otro caso que ha quedado en suspenso es el del exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa. Hasta la semana anterior, la resolución que sí lo mandó a juicio civil aún no había sido firmada.

Figueroa, quien trabajó en el gobierno del ahora convicto por corrupción Elías Antonio Saca, no supo justificar ingresos por $300,000.

 

 

 

 

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