La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiga el patrimonio del presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz, de la misma manera que de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.
Así lo confirmó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Belarmino Jaime.
Un informe de la Secretaría General de la Corte, al cual tuvo acceso El Diario de Hoy, certifica que por 15 votos en la sesión del 16 de febrero se ordenó “a la Sección de Probidad que realice las auditorías de las cuatro personas indicadas”.
La auditoría abarca en el caso de Sánchez Cerén su periodo como vicepresidente (2009-2014) y a Óscar Ortiz, dos periodos como diputado.
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La Corte dio como plazo cinco meses para hacer la investigación.
Hay petición de investigar a Sánchez Cerén y Óscar Ortiz por presunto enriquecimiento ilícito, magistrado Belarmino Jaime en @elnoticiero_6
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) 1 de diciembre de 2016
“No son de ayer, ni de antier (las resoluciones). Tienen meses de estar ahí… todavía no ha salido nada, creo que falta bastante para que salga”, aseguró el magistrado a El Diario de Hoy en una entrevista telefónica.
Jaime dijo que a Probidad han llegado “una cantidad enorme” de solicitudes de investigación, pero la sección tiene poco personal, por lo que la Corte Suprema está pensando en contratar a más colaboradores y que esto podría ser hasta el próximo año.
Explicó que la información que llega a Probidad tiene que someterse a análisis y no puede haber resultados en tan poco tiempo, porque además las instituciones a las cuales se les solicitan reportes tardan en darlos, a veces, hasta un mes.
Antes de ser mandatario, Sánchez Cerén estuvo desde 2000 hasta 2006 en la Asamblea Legislativa representando al FMLN, desde ese último año hasta el 2008 fue coordinador de la fracción partidaria.
En 2009 se convirtió en vicepresidente de la República y fue nombrado ministro de Educación, ambos cargos en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quien actualmente es procesado por presunto enriquecimiento ilícito e investigado por cinco delitos penales por la Fiscalía.
Mientras que Ortiz también ocupó una silla en la Asamblea Legislativa desde 1994 hasta el 2000 como diputado del FMLN. Bajo esa bandera fue edil de Santa Tecla desde el 2000 hasta 2014.
Cristiani y Calderón Sol también en la lista.
En la misma acta se ordena que se sometan a auditoría las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiani (1989-1994) y Armando Calderón Sol (1994-1999).
Recientemente la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, manifestó que la Sección de Probidad está tramitando casos de funcionarios y exfuncionarios investigados por presunta corrupción, no solo por enriquecimiento ilícito. En la lista, dijo, están incluidos varios alcaldes y concejos.
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Además advirtió que los casos más graves son los que aún se están trabajando, pero dijo que Probidad ha tenido un fortalecimiento en auditores para poder avanzar en las investigaciones.
Hasta el momento la Corte Suprema ha ordenado abrirles juicio civil a seis exfuncionarios y un funcionario.
Entre los caso está el del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, quien junto a su esposa, Dennise Karina de Flores, son procesados por no justificar $608 mil de su patrimonio.
La misma Cámara que conoce el caso de Flores Sosa también instruye el del expresidente Mauricio Funes; y el actual diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza.
Mientras que en la Cámara Primera de lo Civil son procesados el expresidentes Elías Antonio Saca y su exsecretario Privado, Élmer Charlaix, quienes además tienen abierto un proceso penal y mientras se desarrollan las investigaciones guardan prisión en la Unidad de Divisiones Antinarcóticos (DAN) de la Policía.
Junto a ellos los casos de Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de Saca; y César Funes, expresidente de ANDA.
Los últimos casos enviados por la Corte Suprema de Justicia a una cámara fueron los del exdiputado del CD, Douglas Avilés, su esposa Brenda Quezada, quien se ha desempeñado como asesora de la Corte de Cuentas, ella fue denunciada por su exjefe Rosalío Tóchez Zavaleta.
Además, el caso del exfiscal general, Luis Martínez, también por supuesto enriquecimiento ilícito. Este último con un dos procesos penales abiertos: uno por estar vinculado a una supuesta red de corrupción dentro del Órgano Judicial y otro por haber difundido material reservado en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez (padre Toño). Sus casos serán remitidos a la Cámara de lo Civil de Santa Tecla.