Una semana después de haber sido juramentados en un proceso cuestionado por diversos sectores del país, los nuevos magistrados de la Cámara Tercero de lo Penal dejaron sin efecto el arresto domiciliar del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y Fernando Portillo Linares, que fue ordenado por los anteriores magistrados del mismo Tribunal, según la resolución divulgada ayer.
Para el abogado y notario Arturo Muyshondt, esta medida es un exceso por parte de los nuevos magistrados de la Cámara, pues anula una sentencia que estaba en firme y que, según explica el jurista, ya había pasado el plazo de tres días para que la Fiscalía apelara la decisión.
“Se ha excedido la Cámara en sus atribuciones al juzgar una cosa que ya estaba juzgada”, afirma el abogado.
La abogada penalista Lucrecia Landaverde considera que “estaríamos ante un abuso del poder judicial”, debido al tipo de delito del que se acusa al exalcalde que es por la presunta retención de cuotas laborales.
Lee también: Muyshondt afirma que está grave de salud y exige cese a la persecución política
Landaverde anticipa que esta resolución marca un precedente sobre la aplicación de justicia a políticos opositores o exfuncionarios públicos.
Ella agrega que si una persona no está “alineada” a las políticas del presidente Nayib Bukele, el sistema de justicia modificará estas resoluciones según los convenga.
Además, Enrique Anaya, abogado constitucionalista, calificó la sentencia de la Cámara como “indignate” y motivo de “pena ajena”. Para él, “es una resolución antitécnica y con evidente propósito represor”.
El pasado 16 de septiembre, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que Muyshondt fuera enviado a arresto domiciliar, tras ser acusado por la Fiscalía de un nuevo delito: incumplimiento de deberes.
Con esa decisión judicial, el exalcalde capitalino debió ser trasladado desde el penal La Esperanza hasta su lugar de residencia, ya que el 19 de julio los anteriores magistrados de la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador dejaron sin efecto la orden de detención provisional emitida el 15 de junio por el Juzgado Octavo de Paz donde Muyshondt fue acusado por el delito de apropiación de retenciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública.
También: Cámara Tercera de lo Penal ratifica arresto domiciliar para Ernesto Muyshondt
En esa resolución del 19 de julio, los anteriores magistrados indicaron que ya en arresto domiciliar el exalcalde usara brazalete electrónico y rechazaron la petición de la Fiscalía de mantener a Muyshondt en el penal.
El argumento jurídico de los magistrados anteriores fue que “en el proceso no se lograba fundamentar el riesgo extraordinario de fuga y obstaculización de la investigación”, es decir, no consideraron necesario que el exedil permaneciera detenido en la prisión, pues no existía peligro que escapara del país.
A pesar de la resolución de la Cámara, las autoridades de Centros Penales se negaron a cumplir la orden de poner en arresto domiciliar a Muyshondt bajo el argumento que en ese momento no tenían brazaletes disponibles.
En cambio, un mes después el ex fiscal general, Luis Martínez, fue enviado a arresto domiciliar otorgado por el juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, según informaron fuentes judiciales.
En el caso de Muyshondt, la Cámara sostuvo que la imposibilidad de contar con brazalete electrónico para los imputados no debía condicionar el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario, según lo establece el artículo 86 de la Constitución.
La nueva Cámara, la cual se instaló el pasado lunes 27 de septiembre, tras una juramentación exprés de magistrados y jueces, revirtió la decisión de los anteriores funcionarios.
Sigue leyendo: "Creo que ha sido una especie de linchamiento público que se ha hecho con esta persona, (Ernesto Muyshondt)", dice Cardenal Rosa Chávez
Los nuevos magistrados Carlos Alberto Iraheta Zelaya y José Manuel Chávez López asumieron el cargo, a pesar de la medida cautelar emitida por la Cámara de Familia de San Miguel, la cual suspendió la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Iraheta y Chávez dicen en su resolución que es imposible dar cumplimiento al arresto domiciliar de los imputados, debido a que se deben asignar custodios policiales para vigilar los inmuebles de los acusados y además porque hay otros procesos judiciales contra Muyshondt y Portillo Linares.
La resolución fue firmada por Iraheta Zelaya, quien funge como magistrado presidente de la nueva Cámara, y es quien envió a prisión a exfuncionarios del FMLN acusados de delitos relacionados a corrupción cuando era interino en el Juzgado Segundo de Paz.