La Cámara Tercera de lo Penal ordenó este viernes que el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt sea enviado a cumplir el arresto en su casa con custodia policial, en caso de que la Dirección de Centros Penales no tenga brazaletes electrónicos, tal como ha argumentado para no dejar salir al ex funcionario.
La medida también abarca a Fernando Heriberto Portillo Linares, ex tesorero de la alcaldía de San Salvador.
"Se ordena al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador realice las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Centros Penales, a fin de que ordene el traslado de los imputados referidos a los lugares de residencia fijados ante el ente judicial mencionado", señala la resolución de la Cámara.
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Agrega que "así también de manera coetánea informar a la Policía Nacional Civil a efecto de que dicha institución brinde la vigilancia de los encausados en relación de la medida cautelar de Arresto Domiciliario, dispuesta por orden judicial".
Muyshondt y Portillo Linares son acusados de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes. Esos delitos habrían sido cometidos por los procesados porque retener $275,145.31 del impuesto sobre la renta en perjuicio de la hacienda pública entre junio y diciembre de 2020. Sin embargo, el monto total asciende a $550,290 con los intereses y multas, según la Fiscalía.
Esa apropiación habría sido en el Departamento de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, según la Fiscalía.
En la resolución, los magistrados de la Cámara consideraron que la orden judicial del 19 de julio pasado de enviar a Muyshondt y a Portillo Linares a sus casas para permanecer arrestados no fue cumplida por la Dirección de Centros Penales.
Arturo Muyshondt, defensor del ex alcalde capitalino, dijo que se esperaba que saliera este viernes, pero no se pudo por razones desconocidas.
Aseguró que esperan que las autoridades de Centros Penales acaten la orden judicial y que pueda salir el lunes próximo.
Portillo Linares tiene otro proceso judicial por la apropiación de la retención de las cuotas laborales en perjuicio de 45 empleados de la Alcaldía de San Salvador, por más de $678,000.