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Juzgado decretó reserva de proceso contra abogado Enrique Anaya
El procedimiento se realizó en un total hermetismo. El no fue llevado y no hubo acceso a los medios de comunicación al Centro Judicial de San Salvador.
Fuentes cercanas a Enrique Anaya, abogado constitucionalista detenido hace dos semanas, informaron que la tarde de este sábado 21 de junio representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron la acusación ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El procedimiento se realizó en un total hermetismo, sin que que Anaya fuera llevado a los tribunales de justicia, y sin acceso a los medios de comunicación al Centro Judicial.
Al final de la primera diligencia, el juzgado decretó reserva total al proceso y programó la primera audiencia para el próximo martes 24 de junio.
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Cuando Anaya fue detenido en una zona residencial de Santa Tecla, la fiscalía informó que sería acusado de lavado de dinero y activos. Se desconoce si se mantiene la misma acusación o se ha incorporado un nuevo delito.
Luego de varios días de desconocerse el paradero, sus abogados encontraron a Anaya en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía. Allí ha permanecido en estos días.
Hoy trascendió que la Sala de lo Constitucional admitió un recursos de Habeas Corpus (exhibición personal) a favor de Anaya por la vulneración de sus derechos a la salud y a la defensa adecuada.
Para verificar este estado y las posibles irregularidades, la sala ha nombrado a un juez.
Además, la Sala llama la atención a la Fiscalía General de la República (FGR) para que garantice la presentación de las personas detenidas en un plazo razonable, sin esperar el límite máximo de quince días, especialmente cuando no se trata de casos complejos.
Anaya fue detenido por la fiscalía y la policía el pasado 7 de junio. Según sus abogados defensores, se duplicó el límite legal constitucional en la detención administrativa, ya que no es aplicable el régimen de excepción, el cual no supone conexión con los delitos derivados del régimen de excepción.
El jurista ha sido una de la voces más críticas del actual gobierno de Nayib Bukele, al señalar posibles inconstitucionalidades con respecto a leyes aprobadas y a procederes legales en la gestión pública.
En este sentido, diferentes organizaciones consideran que esta ha sido una detención política, con el fin de callar a voces críticas al gobierno.