“Todos los buses salieron a trabajar”: empleado de transportista que falleció tras ser detenido

El empresario de autobuses José Roberto Jaco Carranza, capturado el pasado 7 de mayo, presuntamente porque los autobuses de la empresa que gerenciaba no estaban prestando el servicio gratuito que el Gobierno ofreció desde el lunes 5 de mayo, falleció este lunes en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Ana.

Fuentes policiales dijeron a este periódico que Jaco fue enviado a las bartolinas policiales del 911 de la delegación de Santa Ana, inmediatamente después de ser arrestado, pero debido a complicaciones de salud fue trasladado al Seguro Social de Santa Ana. De acuerdo con dichas fuentes policiales, en el reconocimiento legal únicamente se dejó plasmado como "muerte sobre averiguar".

Jaco era gerente de la empresa SEISABUS, cuyos autobuses de la ruta 201 recorren de Santa Ana a San Salvador.

Según la Mesa Nacional de Transporte, la semana pasada fueron capturados 16 transportistas, entre ellos el gerente de SEISABUS. La Policía, sin embargo, no informó de la captura de Jaco en sus redes sociales, como sí publicó la detención de otros empresarios de transporte. Luis Regalado, vocero de la Mesa, confirmó ayer a Diario El Mundo que el gerente de SEISABUS padecía de una enfermedad que requería tratamiento permanente, y "lastimosamente a causa de la presión de estar encerrado se le agudizó".

En redes sociales, la Mesa Nacional de Transporte publicó una esquela lamentando el fallecimiento, pero no emitió ningún pronunciamiento exigiendo que se investigue la causa del deceso. Las autoridades han guardado silencio sobre el caso.

Sus vecinos y compañeros de trabajo consideran que su muerte pudo deberse a la diabetes que padecía desde hace varios años. "Él estaba muy enfermo, tenía azúcar en la sangre. Es posible que se le haya complicado al ver el problema en que lo habían metido", dijo una mujer que reside en la misma colonia donde vivía Jaco con su familia, en el distrito de Coatepeque, departamento de Santa Ana.

Un empleado de la empresa de transporte dijo ayer a este periódico que cuando se presentó a trabajar, y vio los listones negros en la entrada principal, supuso que era el gerente quien había muerto, pues estaba al tanto de su padecimiento de diabetes. "De acá se lo llevaron detenido, sí nos sorprendió bastante y esperábamos que saliera luego (rápido), nunca nos esperábamos esto. Para nosotros fue sorprendente. Dijeron que los buses no estaban saliendo a trabajar, pero sí estaban saliendo todos", afirmó el hombre, quien pidió no ser identificado por temor, igual que otros conductores de autobuses que lamentaron la muerte del gerente general, a quien describieron como un buen jefe.

Dudas sobre la acusación

Los transportistas fueron arrestados bajo el argumento que no todas sus unidades estaban trabajando bajo la modalidad de "pasaje gratis", como lo había ordenado y anunciado desde el 4 de mayo el presidente Nayib Bukele, como medida para compensar el problema de congestionamientos de tráfico por el cierre de la carretera Los Chorros, cerrada a raíz de derrumbes en la ampliación de la misma vía.

Por esas mismas razones fueron capturados otros propietarios de autobuses y microbuses, entre estos Genaro Ramírez y Abel Reina, a quienes se les arrestó por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión.

Posteriormente, el mismo Bukele aseguró que a los transportistas se les acusaría también del delito de peculado, el cual consiste en la apropiación indebida o uso ilegal de bienes o fondos públicos por parte de un funcionario público.

"Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron", afirmó el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales.

A pesar de los señalamientos de Bukele, empleados de SEISABUS rechazaron tales acusaciones, afirmando que todas las unidades en condiciones de operar estuvieron trabajando con normalidad en los días en los que se estableció la gratuidad del servicio.

"Eso es falso. Aquí me consta que todas las unidades salieron a trabajar normalmente, como cualquier día", afirmó un empleado, que pidió no ser identificado.

De acuerdo con abogados consultados por este periódico, el delito de peculado solo puede ser cometido por un funcionario o empleado público, al igual que los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, los cuales han sido imputados a los empresarios de transporte.

"En El Salvador, la comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes está principalmente ligada a la calidad de empleado o funcionario público", afirmó un abogado.

Los primeros empresarios fueron capturados el 5 de mayo, es decir, hace más de una semana y la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado si ya presentó la acusación formal en los tribunales.

"El delito de peculado, tipificado en el Código Penal de El Salvador, se refiere a la apropiación, sustracción o malversación de fondos o bienes públicos por parte de un funcionario o empleado público que tiene acceso a ellos en razón de su cargo. En principio, una persona particular no podría cometer el delito de peculado por sí sola, ya que este delito requiere que el sujeto activo sea un funcionario o empleado público con la administración, custodia o posesión de los fondos o bienes públicos", detalló otro abogado, consultado sobre los delitos atribuidos públicamente por el Gobierno.

"En cuanto a la figura delictiva de denegación de auxilio, generalmente se refiere a la omisión de prestar ayuda a una persona en peligro. La omisión de realizar una ruta de transporte público afecta a los usuarios que dependen de ese servicio para movilizarse. Si bien esto puede causar inconvenientes, no necesariamente implica una situación de peligro inminente para la vida o la integridad física de una persona en el sentido estricto del delito de denegación de auxilio", detalló una de las fuentes.

Pesquisas en la empresa

El lunes al mediodía, El Diario de Hoy comprobó la presencia policial en las instalaciones de la empresa SEISABUS, en la ciudad de Santa Ana. Empleados de la misma empresa afirmaron que adentro había fiscales y policías haciendo una investigación. Las fuentes afirmaron que no sabían si era por el señalamiento que se hizo de que la empresa no estaba trabajando, o si era a raíz de la muerte del gerente general.

En la entrada del local de SEISABUS fueron colocados dos listones negros de gran tamaño, mientras agentes policiales custodiaban el acceso principal de la ruta de buses. Se intentó conocer la versión de otros dirigentes de la empresa; sin embargo, esto no fue posible. También se intentó hablar con sus familiares, pero no quisieron dar declaraciones a los medios.

El empresario es velado desde anoche en Funeraria Chacón, en el departamento de Santa Ana.

396 muertes de detenidos

Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), se mostró preocupada por la muerte del empresario: "Con la información que conocimos esta mañana sobre la muerte del dirigente de transportes, el señor Jaco, es preocupante realmente que el sistema carcelario, que incluye más de 20 cárceles y las bartolinas, no procure la estabilidad de las personas", señaló.

Según el recuento que lleva Socorro Jurídico, con el caso de Jaco suman 396 personas que han muerto luego de ser detenidas, desde que inició el régimen de excepción hace tres años. Esta medida, que fue aprobada luego de un fin de semana violento, suspende garantías constitucionales y extiende los plazos procesales. Antes del régimen, una persona debía ser acusada en los tribunales en un plazo máximo de 72 horas. Los primeros transportistas ya cumplieron una semana de estar detenidos.

Escobar añadió: "No sabemos si es por una muerte natural o si hubo signos de violencia. Lo cierto es que en cualquiera de los dos escenarios, la fabricación de un delito que no existió es la causa principal de la muerte de esta persona. En el régimen de excepción hay miles de personas inocentes, pero entre estas, unas que igual que el señor transportista, perdieron su vida en días, cuatro, cinco, ocho días. Estas muertes, lamentablemente, no están siendo investigadas por la Fiscalía".

Según esta ONG, hay al menos cuatro casos en los que los reos que no tenían vínculos con pandillas murieron cuando tenían menos de una semana de detención.

"Esas no son muertes naturales, esas son muertes que muy probablemente pueden ser a causa de torturas, de tratos crueles inhumanos o degradantes y además de la presión psicológica de lo que significa estar preso, que también puede llevar a un paro cardíaco de las personas o muerte súbita", agregó Escobar.