Asamblea autoriza a Hacienda a trasladar parte de la brecha presupuestaria de 2022 a 2023

Según el economista Rafael Lemus, eso demuestra la dificultad que tiene el gobierno para emitir bonos.

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Por Eugenia Velásquez / Milton Rodríguez

2022-02-15 8:26:57

Con fecha 11 de febrero de 2022 llegó a la Asamblea una petición del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que los diputados autoricen que de los $498.4 millones de brecha presupuestaria para 2022 que el Congreso aprobó en diciembre del año pasado conseguir por medio de bonos o con préstamos; $300 millones de ellos se coloquen a un plazo de hasta dos años. Dicha petición de Hacienda fue aprobada durante la plenaria de este martes con 63 votos a favor.

En palabras del economista Rafael Lemus, esta medida implica que el gobierno está pidiendo a la Asamblea que le avale trasladar la mitad de esos $300 millones de déficit presupuestario del presente año a 2023.

Lemus dice que es preocupante que el gobierno adquiera más deuda de corto plazo, siendo que originalmente la brecha presupuestaria de $498.4 millones está definida a pagarse dentro de un periodo de hasta 40 años.

“Estaría convirtiendo más deuda de corto plazo que es parte de los problemas que estamos teniendo. La deuda es alta y la trayectoria insostenible”, apuntó Lemus.

Según el diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, lo más seguro es que el partido en el gobierno buscará aprobar las reformas de forma exprés, este mismo martes en la plenaria.

"No tendría ninguna sorpresa el que sea aprobado este día con dispensa de trámite y sin mayor discusión, aunque se tratase de conseguir una autorización por $300 millones, pero ciertamente ha cambiado el panorama y lo que incluye esta pieza habla de un plazo mucho más corto, de dos años, y tampoco aborda cuál sería el costo financiero de adquirir deuda, no habla de tasas de interés, del mecanismo financiero, poco sabemos de esto", lamentó Wright.

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Lemus sostiene a manera de ejemplo, que el Estado salvadoreño debe pagar en deuda de corto plazo que se vence este año $24,800 millones y otros $5,200 millones en 2023, lo que agrava la situación de aumentar la obligación del gobierno de pagar más deuda que se sumaría al colocar en bonos $300 millones del déficit fiscal presupuestario del presente año.

La perspectiva de esto es que el gobierno está en serias dificultades para conseguir financiamiento externo, asegura el experto.

“Eso implica que es un gobierno que cada vez más refleja las dificultades de colocar bonos, de conseguir deuda y sale con operaciones bien riesgosas, porque sigue con deuda de corto plazo, que eso ya tiene un problema de ingreso y además, tiene un riesgo de impago que eso le hace que las tasas sean bien altas”, mencionó.

La misma impresión tiene el diputado Wright. "Lo que nos muestra la aprobación de esta pieza es la necesidad de tener liquidez a corto plazo, de conseguir fondos de la forma que sea y que ya el gobierno pudiera estar entrando en serios aprietos financieros", manifestó a preguntas de los periodistas.

La emisión de $300 millones para un plazo de dos años son los nuevos criterios que el Ministerio de Hacienda solicita modificar en el decreto legislativo No. 433 de la emisión de $498.4 millones de financiamiento extra para responder a las obligaciones que con ingresos corrientes el Estado no podrá cumplir este año.

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Que los títulos valores de crédito se podrán emitir de forma materializada o desmaterializada; que transcurrido el primer año de su emisión y colocación, el valor facial de esos títulos, podrá utilizarse para el pago de impuestos y obligaciones tributarias, hasta en un porcentaje del 50% del total del valor facial de los bonos adquiridos y el otro 50% también se podrá usar para la misma finalidad, al vencimiento de dichos títulos.

Además, que los cupones de intereses vencidos se pagarán de forma trimestral; y que cuando se haga uso de los títulos valores de crédito para el pago de impuestos u obligaciones tributarias, los intereses que devenguen estos títulos valores de crédito se pagarán a la fecha de la redención de los mismos.

Al respecto, Lemus señala que no se ha determinado a qué tasa el gobierno emitirá dichos bonos, siendo que esos instrumentos están orientados al mercado nacional. Considera que esa ambigüedad también es un riesgo para poder colocar los títulos valores.

“Para mí sería una incoherencia que alguien siendo un millonario de El Salvador meta millones de dólares por ejemplo, en un bono de El Salvador a dos años o un año al 7% o 9% cuando puede ganarse el 15%, 16%, 17% o más”, explicó Lemus.

"Compromete ingresos del futuro"

La medida aprobada la noche de este martes por los diputados del oficialismo fue cuestionada duramente en el pleno por sus colegas de oposición.

Por ejemplo, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, subrayó que el nuevo decreto desfinanciará los presupuestos de los próximos años. “Por la necesidad de financiamiento se están autorizando que se comprometan los flujos futuros de los ejercicios del presupuesto 2023 y 2024, ya que estos títulos valores o los tenedores de estos títulos podrán úsalos para pagar impuestos en esos años”, opinó.

Advirtió que con esta medida se podría hacer mas grande la brecha fiscal porque en los próximos dos años “gracias a esta autorización el Estado va a dejar de recibir impuestos posiblemente porque los tenedores de esos títulos van a pagar esos impuestos con esto. Es decir, la brecha fiscal se va a hacer más amplia”.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, señaló que dicha iniciativa no cuenta con argumento técnico, es inconstitucional y afecta a la población.

“A quien más afecta es a toda la población y especialmente a aquellos sectores más vulnerables, aquellos que dependen de los programas o proyectos que se realizan en un país con una de las fuentes de financiamiento que debería ser la que se cuide pero que es la que se está poniendo en el juego y es la que tiene que ver con los ingresos tributarios”, consideró.

En ese mismo sentido cuestionó la constitucionalidad del decreto que compromete los impuestos del futuro, ya que, aunque pueda hacerse una proyección de ingresos tributarios para 2023 y 2024 "lo que van a tener a cambio no van a ser recursos sino papeles".

“Esta es una medida desesperada porque se están cerrado para El Salvador cada vez mas las opciones de financiamientos externos”, concluyó la legisladora de izquierda.

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