Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa presentaron este martes una propuesta de reformas al Código Procesal Penal (CPP), según dijeron, para regular e incluir la evidencia digital en los procesos judiciales.
La iniciativa es un complemento a las enmiendas a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos aprobadas en diciembre pasado, manifestaron en conferencia de prensa.
Las modificaciones al CPP proponen el incluir, además, a la figura de agente encubierto digital, medidas cautelares y el bloqueo de cuentas, entre otras.
El proyecto expone como evidencia digital las imágenes, videos, audios y correos electrónicos almacenados en cualquier medio tecnológico, pruebas que podrían ser evaluadas por las autoridades en las diligencias judiciales.
"Aquí se añade lo que es el término evidencia digital es algo que anteriormente no se había agregado y algo muy importante también el tema de la cadena de custodia de esta evidencia digital, que todas las instituciones que estén vinculadas a este tema puedan proteger esa información, ese insumo tan importante para poder judicializar estos delitos", explicó el legislador Eduardo Amaya, presidente de la comisión.
De acuerdo con los diputados, las autoridades podrán establecer acuerdos nacionales e internacionales para dar con el paradero de los delincuentes cibernéticos.
El diputado Walter Coto aclaró a la prensa de que las enmiendas no incluyen aumento de penas, debido a que las reformas van encaminadas al Código Procesal Penal.
"Actualmente el artículo 201 del Código Procesal Penal tenía esa falencia que no había logrado abarcar (la evidencia digital) y eso es natural, porque conforme van pasando los años, las nuevas tecnologías se van dando, por lo tanto también es indispensable la evidencia digital", agregó.
Marcela Galeas, abogada penalista, dijo sobre la iniciativa que aún "falta un mayor análisis en esa reforma y que se aclaren conceptos para efectos procesales".
En diciembre pasado, el oficialismo y aliados avalaron las reformas a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, la cual fue cuestionada por abogados que consideraron que el artículo 25 de la normativa amenaza al ejercicio periodístico en el país, pues abre la puerta a criminalizar la manera de obtener información.