Los miembros del comité de Veeduría de la emisión de $1,000 millones en bonos para la emergencia llegaron ayer a la Comisión Política de la Asamblea, para reafirmar su compromiso de salvaguardar el uso de los recursos dirigidos a atender la crisis sanitaria por el COVID-19.
Rodolfo Parker, del PDC, expresó que su participación es muy importante para que la población sepa cuánto se gastó, cómo se ejecutó y a quién se le dio la contratación del servicio o equipos que adquiera el Gobierno en el marco de la pandemia.
De acuerdo al artículo 8 del decreto de emisión de los $1,000 millones, los miembros del comité deberán tutelar la transparencia y ejecución de los fondos que conforman el Fideicomiso para la recuperación y reconstrucción económica.
Ellos deberán dar informes mensuales a la Asamblea y a través de los medios de comunicación para que la población sepa cómo el Gobierno está ejecutando el dinero.
“Los felicito por ese reto, es importante lo que puedan hacer en beneficio de los salvadoreños”, explicó Carlos Reyes, de ARENA, pues señaló que ya hay 42 casos de presunta corrupción que se han conocido de funcionarios que están manejando recursos para la emergencia.
El reto para los miembros será indagar qué pasó con los $600 millones del Fideicomiso que iba para el sector del pequeño comercio, ya que Hacienda afirmó hace poco que tomaron $645 millones de los $1,000 millones para cubrir el déficit del presupuesto de 2020.
A la comisión se presentaron representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), de las asociaciones gremiales de Auditoría y Contaduría, de la Universidad de El Salvador (UES), de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y de la Cámara de Comercio e Industria.