La Asamblea aprobó este martes tres instrumentos legales que le permitirán al gobierno acceder a más de $460 millones de fondos de la Corporación Andina en momentos en que el gobierno no ha logrado firmar un acuerdo monetario con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Me parece que la aprobación de este convenio es una respuesta a la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de una vía alterna de financiamiento que es principalmente para obtener ese financiamiento hay que endeudarse más, hay que adquirir más de $400 millones en acciones para ser parte de este banco multilateral de financiamiento con sede en Caracas, Venezuela y hay que pagar eso por los próximos 7 años, el primer pago es en septiembre. No hay claridad con qué recursos se cubrirá ese gasto el gobierno, me parece una medida desesperada por buscar ese financiamiento”, expresó el diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright.
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Según la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, dichas iniciativas traerán desarrollo porque se tendrá la oportunidad de acceder a créditos públicos y privados para invertir en materia de género y en beneficio de la niñez, aunque anteriormente la Asamblea ya avaló millones de dólares en créditos con otros organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Esto permitirá que El Salvador tenga fuentes de financiamiento diversificadas para llevar a cabo los proyectos que por muchos años los salvadoreños estuvieron esperando”, señaló Rivas.
Diputados de la bancada oficialista argumentaron que buscan fomentar una mejor economía del país. “Esta es una prueba más del buen trabajo que queremos hacer de la mano del presidente Nayib Bukele para garantizar una mejor calidad de vida a los salvadoreños”, argumentó el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas.
Lo aprobado contempla que El Salvador como país miembro de la Corporación Andina deberá suscribir hasta $460 millones en acciones que El Salvador deberá pagar en un lapso de 7 años.
La ratificación de este convenio ocurre en un contexto en el que El Salvador se enfrenta a dificultades para acceder a deuda en el mercado internacional, algo que viene aunado con la baja calificación de riesgo que tiene el país a partir de las decisiones políticas y económicas del actual gobierno.
De hecho, el mismo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya aceptó a principios de este año que la situación del perfil de riesgo del país a nivel internacional está en una situación delicada, sobre todo por las altas tasas de interés que tendría que pagar el país si sale a buscar financiamientos en los mercados internacionales.
Por ello, el propio ministro Zelaya dijo que “hay que ser bobos para salir al mercado internacional” en el contexto actual, algo que podría complicar el financiamiento de la brecha presupuestaria que arrastra el gasto nacional para el ejercicio fiscal 2022, y que el gobierno ha fijado en $498 millones, a pesar de que calificadoras de riesgo internacionales calculan que puede estar cerca de los $1,700 millones.
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En ese sentido, economistas salvadoreños han advertido que la única forma en que el gobierno podría aliviar la situación en los mercados internacionales es si logra un acuerdo de asistencia financiera por $1,300 millones con el FMI.
Sin embargo, las negociaciones están estancadas desde abril de 2021 mientras el gobierno de Nayib Bukele no muestra indicios de querer tomar en cuenta las recomendaciones que el multilateral ha hecho a las políticas económicas del país, como lo es la eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal, algo que podría ser el principal obstáculo para lograr el acuerdo.