El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó en un comunicado, publicado ayer, que El Salvador necesita eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal por “los grandes riesgos asociados” con su implementación en la economía salvadoreña.
Según la publicación, los directores ejecutivos del Fondo “instaron a las autoridades (salvadoreñas) a limitar el alcance de la ley Bitcoin”, algo que incluye quitarle la calidad de moneda de circulación en el país.
Estos señalamientos surgen a partir de la conclusión de la consulta al Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el que se revisa anualmente la situación fiscal y financiera de los países miembros, entre ellos El Salvador, país al cual le ha expresado en reiteradas ocasiones los riesgos que conlleva para las finanzas públicas la adopción de ese criptoactivo.
Esta sugerencia del FMI, de acuerdo con el economista Luis Membreño, significa que el organismo está pidiéndole a El Salvador que derogue la referida ley, aunque considera que, a pesar de la contundencia en las observaciones del Fondo, el presidente Nayib Bukele no retrocederá en su decisión de hacer legal el Bitcoin en el país debido a una cuestión que tiene más que ver con “orgullo personal” del mandatario.
“La Ley Bitcoin es una idea que tuvo Bukele, y echarse para atrás tendría consecuencias a nivel de credibilidad entre la comunidad de Bitcoiners”, agrega el economista.
Necesidad por un acuerdo
La conclusión de la consulta ocurre en un contexto en el que El Salvador necesita concretar un acuerdo de servicio ampliado por hasta $1,300 millones con ese organismo multilateral, mismo que cesó el avance de las mismas desde abril de 2021, y que se han visto aún más obstaculizadas por distintas circunstancias políticas y económicas en el país, como el golpe al Órgano Judicial que cometió la Asamblea Legislativa de corte oficialista el 1 de mayo, y la misma Ley Bitcoin que fue aprobada en los primeros días de junio.
Dentro de las observaciones que la misión del FMI hace tras el análisis de la situación fiscal del país, se encuentra que El Salvador posee una situación fiscal delicada con respecto a la deuda externa, pues “los persistentes déficits fiscales y el elevado servicio de la deuda están generando necesidades de financiamiento elevadas y crecientes”, esto último con respecto a la calificación de riesgo que el país tiene en los mercados internacionales de deuda y que le impide acceder a fuentes de financiamiento baratas.
En este escenario es donde adquiere mucha más relevancia la necesidad de lograr el acuerdo de asistencia financiera, pues sin ese acuerdo la calificación del país se haría mucho más insostenible y se le dificultaría encontrar financiamiento para honrar deudas que están próximas a vencer.
Por ello, Membreño también señala que el FMI “está dejando claro, de forma diplomática que si el país no deja de lado la Ley Bitcoin, no seguirán las negociaciones por el acuerdo de $1,300 millones”.
A propósito de esa situación fiscal vulnerable, el multilateral también señala que “el déficit fiscal está proyectado en 5.8% del PIB en 2021 y aproximadamente 5% del PIB en 2022. Con las políticas vigentes, la deuda pública subiría a alrededor de 96% del PIB en 2026, en una trayectoria insostenible”.
En las conclusiones de la revisión, el FMI reiteró que el gobierno salvadoreño debe ser más transparente en el gasto público, en la rendición de cuentas y en los procesos de contratación, algo que ya había dicho en noviembre cuando sugirió que “en el futuro, es necesario recopilar, clasificar y separar claramente los informes de las transacciones relacionadas con el Bitcoin para clarificar el impacto en la economía, vigilar de cerca los riesgos y reclasificar partidas según sea necesario”.
A propósito de esto, el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido con total opacidad las operaciones relacionadas con las compras de Bitcoins y otros gastos de fondos públicos relacionados con la implementación de la criptomoneda en el país.
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Gobierno dice que siguen negociaciones
Por su parte, el Ejecutivo salvadoreño, a través del titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó recientemente que las negociaciones con el Fondo “continúan”, a pesar de que el propio vocero del organismo, Gerry Rice, aclaró desde noviembre que, actualmente, no se discute un programa de asistencia con El Salvador.
“Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional solo se han parado en la mente de los analistas adversos al Gobierno. Nunca el Fondo Monetario ha dicho que ha dejado de conversar con El Salvador”, dijo Zelaya en una entrevista televisiva el 4 de enero de 2022.
La aclaración sobre la inexistencia de las negociaciones las hizo Rice en el contexto del inicio de la misión de consulta al Artículo IV, y aunque esa revisión no tiene nada que ver con las negociaciones de un tentativo acuerdo, sí puede allanar el camino para que, tras las conclusiones y sugerencias del organismo, pueda, potencialmente, “apuntalar un programa del Fondo con El Salvador”, como lo dijo el vocero del FMI.
En este sentido, la postura del Fondo entorno a la adopción del Bitcoin ha sido bastante clara, pues desde julio de 2021 el organismo señaló los riesgos financieros que significa la criptomoneda para una economía como la salvadoreña.