La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, hizo un recordatorio a las autoridades salvadoreñas sobre los plazos en los que son juzgados los crímenes de lesa humanidad, luego de la captura del expresidente de Filipinas
"A los funcionarios Véanse en ese espejo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, la Corte Penal Internacional ha capturado al presidente de Filipinas, mismo escenario que está viviendo el país”, declaró .
El expresidente Rodrigo Duterte fue arrestado hace dos días en el aeropuerto de Manila acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).
Según han denunciado organizaciones sociales de ese país miles de personas, en su mayoría hombres pobres y sin vínculos demostrados con el narcotráfico, murieron durante la guerra contra las drogas impulsada por Duterte y aplicada de manera indiscriminada.
La orden de arresto responsabiliza penalmente a Duterte del asesinato de al menos 43 personas. Según datos oficiales, más de 6,000 personas fueron asesinadas durante operativos y enfrentamientos, pero las organizaciones sociales aseguran que son más de 20,000.
El expresidente de Filipinas ha defendido sus acciones alegando “que salvaban vidas y familias evitando que Filipinas se convirtiera en un narcoestado.
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Escobar manifestó que en El Salvador el escenario es similar porque bajo la denominada guerra contra las pandillas, en la que “por ir por un delito se captura a miles de personas inocentes y se les lleva hasta la muerte de manera sistemática”.
El Socorro Jurídico ha documentado 373 casos de personas que han fallecido bajo custodia del Estado, pero sostienen que las muertes pueden superar las 1,000. Según los datos de esa organización, entre las causas de las muertes están la falta de atención médica, malos tratos y torturas.
El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece como delito de lesa humanidad la tortura y el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, así como la tortura y la violación.
Asimismo incluye la desaparición forzada de personas, esto por las personas que han sido detenidas pero no se les muestran a sus familias y abogados.
En contraste, las autoridades salvadoreñas han asegurado “que no hay delito que perseguir” en las muertes registradas en los centros penales.
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