Vuelos con deportados desde EE. UU. aumentan y tensan el debate migratorio

Los vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador han tomado un ritmo acelerado en 2025, y este fenómeno vuelve a colocar la movilidad humana en el centro de la conversación pública entre la diáspora y especialistas. Según registros de Human Rights First, organización que da seguimiento a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre enero y octubre se realizaron 148 vuelos de repatriación, cifra que supera los 108 reportados en el mismo periodo de 2024.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, confirmó que El Salvador recibió 145 vuelos federales con 10,025 personas deportadas hasta el 11 de noviembre.

Solo en octubre, Human Rights First registró 16 vuelos hacia el país, por encima de los 13 de septiembre pero aún por debajo de los máximos de junio y julio, cuando ICE autorizó 22 vuelos en cada mes. Si la tendencia se mantiene para diciembre, 2025 podría cerrar cerca del máximo de 184 vuelos alcanzados en 2022.

Para el experto migratorio Óscar Díaz, estas variaciones no necesariamente implican un repunte, ya que «más vuelos no necesariamente refleja un aumento dramático en la cifra de deportados».

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El Salvador en contexto regional: cuarto lugar en vuelos

Aunque el aumento es evidente, El Salvador continúa en cuarta posición regional por número de vuelos internacionales con deportados, detrás de Guatemala, Honduras y México. Para Óscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas, esta ubicación es consistente con el perfil migratorio del país en Estados Unidos: «no es sorprendente que El Salvador esté efectivamente viendo más de sus nacionales arrestados y deportados desde los Estados Unidos», explicó.

El especialista añadió que, según reportes del periodo, Guatemala y Honduras registran aún más deportaciones. «Esto puede que se deba a que los grupos guatemaltecos y hondureños son simple y sencillamente más vulnerables al arresto, la detención y la deportación», señaló.

Este enfoque comparativo permite comprender que el fenómeno no solo responde a decisiones puntuales de EE. UU., sino también a dinámicas históricas de movilidad y vulnerabilidad compartidas en la región.

Tensiones entre órdenes judiciales y decisiones ejecutivas

La conversación sobre los vuelos también se mezcla con un debate jurídico que ha adquirido protagonismo. Óscar Díaz subraya que existe una narrativa en la administración Trump de desafiar órdenes judiciales federales: «y eso es lo que se conoció la semana pasada, que el Departamento de Justicia admitió que fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, quien dio la orden que continuaran los vuelos hacia El Salvador con venezolanos, pese a una orden de que regresaran a territorio estadounidense».

Chacón coincide en que este choque institucional es parte de una disputa más amplia sobre la autoridad en política migratoria, afirmando que existe la idea de que el Ejecutivo tiene «preeminencia para aplicar leyes migratorias versus la lógica de sistemas de verificación por medio del sistema judicial o las cortes migratorias».

Para él, el escenario actual muestra que «pareciera que los fallos emitidos por las Cortes Federales parecieran importarle muy poco a la administración Trump», apuntando a un patrón de apelaciones ante la Corte Suprema frente a decisiones de tribunales inferiores.

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Desapariciones, traslados y la preocupación por la protección consular

Human Rights First ha denunciado desapariciones forzadas sin debido proceso, así como traslados hacia el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT). También documenta vuelos con personas de nacionalidades distintas trasladadas a países donde no son ciudadanas, como ocurrió con venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025.

La organización señala que la administración estadounidense ha realizado al menos 21 vuelos con “terceros países” hacia destinos tan diversos como Costa Rica, Esuatini, Ghana, Ruanda o Uzbekistán. «La legalidad de estos traslados, en particular sin previo aviso ni la oportunidad de impugnarlos por temor a la persecución, está siendo cuestionada actualmente en los tribunales federales de Estados Unidos», advierte.

Para Chacón, estos casos muestran la necesidad de una defensa consular activa: «un gobierno extranjero [...] debería de tener la facultad de poder saber qué está pasando con los nacionales de su país en un territorio extranjero».

El experto concluye que el momento actual expone a la diáspora: «estamos en un momento de enorme vulnerabilidad, donde más allá de que una figura política como Nayib Bukele se considere amigo de una figura controversial en Estados Unidos como Donald Trump, eso no trasciende de ninguna manera a un beneficio tangible para los nacionales que residen en Estados Unidos».

Con reportes de El Diario de Hoy.