La asociación Cristosal y Tutela Legal “María Julia Hernández” pidieron este jueves a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare ilegal los nombramientos de dos jueces ligados al caso de la masacre El Mozote y que restituyan al juez Jorge Guzmán para que siga conociendo del referido proceso.
“Se trata de dos demandas separadas por el nombramiento de dos funcionarios judiciales que conocerán del caso de la masacre El Mozote y sitios aledaños”, dijo David Morales, representante de Cristosal.
Una de las irregularidades en el nombramiento de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo de Cruz, y del magistrado de la Cámara de lo Penal de San Miguel, Fausto Paz Romero, es que los magistrados de la CSJ no solicitaron las correspondientes ternas de elegibles al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), según las dos asociaciones.
“El acto de ilegalidad fue cometido por la Corte Suprema de Justicia en pleno... Al haberse omitido las fases esenciales de selección y propuesta que correspondían al CNJ, los nombramientos aludidos son actos administrativos ilegales al estar viciados de nulidad”, alegó Morales.
Los nombramientos de la jueza y del magistrado de Cámara se dieron en el marco del “cese arbitrario” del juez Jorge Guzmán, quien estaba a cargo del referido juzgado; y el traslado del magistrado Carlos Solórzano Trejo, como consecuencia del decreto legislativo 144 que obligaba a retirarse a los funcionarios judiciales mayores de 60 años de edad o con 30 años de servicio.
“El juez Jorge Guzmán fue cesado arbitrariamente el 26 de septiembre de 2021, al momento que finalizaba la etapa de instrucción en el conocido caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños; proceso penal que estaba punto de elevarse a su etapa plenaria (juicio)”, señalan los demandantes.
Más contenido relacionado:
Ruth López, de Cristosal: el periodismo es clave en lucha anticorrupción
Una de las preocupaciones de las dos organizaciones es que el juicio se vaya a dilatar y que a las víctimas no se les haga justicia.
“Nos afecta como parte acusadora en el caso de la masacre El Mozote y afecta a las víctimas porque les priva de un juez natural, de un juez imparcial que llegó con un nombramiento apegado a la ley y por lo tanto ofrece garantías de imparcialidad”, dijo Morales.
Aunque consideran que no existe independencia judicial por la injerencia del Órgano Ejecutivo, los demandantes consideraron que se debe de sentar un precedente.
“Con esto la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene la oportunidad de ponerse del lado de la legalidad... se pongan del lado de ley y no en contra del Estado de Derecho”, dijo Morales.
También pidieron que se aparten del proceso a los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Enrique Portillo Peña y José Clímaco Valiente, por considerar que está en “riesgo su imparcialidad, ya que votaron a favor del nombramiento de la jueza Portillo, cuya legalidad se ha impugnado”.
El proceso se reabrió en septiembre de 2016 contra 16 altos exjefes militares por la masacre de 986 personas en diciembre de 1981.