La pandemia de la corrupción en El Salvador durante el último año y medio se ha centrado en el debilitamiento de la transparencia y con ello en el socavamiento de la institucionalidad democrática.
Así lo señalaron expertos en temas de transparencia este martes en el foro virtual denominado “la pandemia de la corrupción en Latinoamérica” como parte de la semana de la transparencia 2021.
Al inicio del evento tuvo su intervención Alberto Precht, miembro del Directorio de Transparencia Internacional, quien ilustró el panorama de tal pandemia a nivel regional.
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Seguido de eso, la directora Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, expuso sobre lo que ha representado la pandemia del Covid 19 para la lucha contra la corrupción en El Salvador.
Ella comenzó preguntándose “¿por qué ante la pandemia de la corrupción, los gobiernos, y en particular, el gobierno de El Salvador no se vacuna con transparencia, o porque asume una clara posición antivacunas”, refiriéndose a la transparencia como vacuna.
“Porque lo que deberían de hacer es ponerse más dosis, y con eso evitar la corrupción”, manifestó.
A su juicio, hay tres rasgos que definen el periodo analizado y que dan respuesta a esta situación. En primer lugar, mencionó el abuso a los poderes de emergencia, entre los que destacó la evasión de las reglas de la contratación pública. “Y esto ya nos va dejando un rastro sobre por donde van los intereses del gobierno y donde la Asamblea también fue muy permisiva en su momento sobre estas autorizaciones que se le dieron al Ejecutivo”, indicó.
En segundo lugar, señaló la resistencia al control que desde algunas instituciones se tenía y que hoy ya no existe.
“Hemos tenido un cambio a partir de 2021, pero en 2020 existía algún control desde la Sala de lo Constitucional, la propia Fiscalía General de la República que inició las investigaciones alimentadas por la CICIES y la misma Corte de Cuentas que vio impedido el control a partir de las restricciones de la información que le daba el Ejecutivo”, expuso.
Explicó que el tercer elemento es “el retroceso incuestionable que durante este periodo vimos de los 10 años anteriores, a partir de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
En ese sentido destacó la falta de transparencia en la gestión política, administrativa, financiera y ética del gobierno durante este periodo, la cual le impidió al pueblo salvadoreño verificar el cumplimiento de esa gestión.
“La ciudadanía no tiene la posibilidad de verificar el cumplimiento de la gestión política a partir de que no hay mecanismos para auditar la toma de decisiones y resultado de las políticas y objetivos”, criticó.
Subrayó que no se puede constatar qué poblaciones han sido atendidas en la pandemia o si los recursos destinados han sido bien utilizados o no. “Es una situación tan grave donde podemos llegar a hablar, por ejemplo, de las reservas de los planes de seguridad, salud y educación”, opinó.
La experta no dudó en señalar que también se le ha impedido a la ciudadanía evaluar la gestión administrativa para verificar si se cumple o no con los procedimientos establecidos y con ello si existe comportamientos corruptos en delitos como tráficos de influencia, cohecho, malversación de fondos, etc.
Recordó que tampoco se puede ejercer un control a través de mecanismos tan sencillos como la verificación de las contrataciones públicas o de los alimentos comprados por el ministerio de Agricultura, las vacunas compradas por el ministerio de Salud o incluso de la pauta publicitaria, un tema que López calificó como algo “muy importante” puesto que ya ha sido catalogado como un gasto superfluo y donde se va muchísimo recurso por parte del Ejecutivo.
También indicó que no se puede auditar las contrataciones civiles como las obras del Asocio Publico Privado de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional debido a que todo el proceso ha sido declarado en reserva. De igual manera incluyó la información sobre el Viaducto de los Chorros, el Hospital El Salvador, la contratación de la aplicación Chivo Wallet, la consultoría con extranjeros, los cubos entre otros.
La experta destacó que ha habido un aumento de las reservas de información pública, falta de independencia de los órganos de control y procesos de formación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa que limitan la transparencia.
“Este tipo de cosas viene hacer como el punto de partida para el deterioro del derecho de acceso a la información pública y por supuesto, la transparencia”, razonó.
Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ coincidió con López. “Creo que es evidente el retroceso que ha habido en el país en cuanto al funcionamiento adecuado de los mecanismos de control entre órganos y del mecanismo de combate a la corrupción institucionalizada”, opinó.
Él lamentó este panorama puesto que destacó que en el país ya había avances en la lucha contra la corrupción y para el caso mencionó el procesamiento de algunos expresidentes, así como algunos esbozos en la sección de probidad la CSJ, Fiscalía y Corte de Cuentas de la República.
Recordó que si ya desde antes de que fuera declarada oficialmente la pandemia del Covid 19 el gobierno salvadoreño ya mostraba algunos síntomas de que le estorbaban estos mecanismos de control institucional propios de un régimen republicano, esto se profundizó posteriormente.
“Después de abril del año pasado ya había habido una resistencia evidente al cumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional tomando como excusa la pandemia”, dijo.
González advirtió que existe un exacerbado populismo en el que se contrapone el mandato en las urnas al cumplimiento de las reglas del juego.
“En estos momentos en el país se está siguiendo a cabalidad el manual populista de que todo el que pide rendición de cuentas, transparencia, controles y probidad en el manejo de los fondos públicos se considera un enemigo o alguien que le está poniendo obstáculos al gobierno”, concluyó.