La grave retardación de justicia y la omisión de investigación por parte de las autoridades judiciales y fiscales en el proceso judicial contra los acusados de la masacre de El Calabazo, fueron denunciadas esta mañana por tres organizaciones sociales.
La denuncia fue realizada por el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec" (CPDH), la Fundación Cristosal y la Asociación de Víctimas de San Esteban Catarina.
“A partir de 2022, lo que encontramos es prácticamente una parálisis, un abandono de la investigación, una omisión, el cumplimiento a los deberes de la Fiscalía General y del tribunal a cargo del caso, en cumplir su obligación de investigar”, manifestó David Morales, abogado querellante en el proceso.
Para los denunciantes las prácticas de omisión y retardación siguen prolongando la impunidad y favoreciendo a los victimarios de las más de 200 personas asesinadas.
Entre las acciones de omisión señalan que el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente ha rechazado las solicitudes para exigir a la Fuerza Armada los planes militares nacionales (planes de guerra) de la época de la masacre.
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La falta de respuesta a las solicitudes presentadas en junio de 2023 para la acreditación de dos peritos especializados propuestos por la acusación particular.
Por otra parte, señalan que el tribunal ordenó en septiembre de 2023 la captura de los imputados Guillermo García y Rafael Bustillo, pero omitió girar los oficios de detención a la policía, por lo que las detenciones no se hicieron efectivas.
Morales explicó que los obstáculos en este caso también involucran a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no solo” ha omitido brindar al tribunal los recursos necesarios para investigar un caso de estas dimensiones, sino que ha contribuido a su inestabilidad”.
Entre 2022 y 2023 el juez a cargo del tribunal ha sido sustituido cinco veces y, en septiembre de 2023, el juzgado pasó de ser de primera instancia a de lo civil y mercantil (competencia departamental), pero mantuvo el juzgamiento de todos sus casos penales en trámite.
Asimismo señalaron que después de ocho años la Fiscalía General de la República no ha presentado ningún resultado de las investigaciones realizadas sobre el caso.
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