El jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal, David Morales, considera que, aunque la demanda de amparo por el caso de la masacre en la UCA presentada por el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, es un acto positivo, pero no se puede dejar de ver con desconfianza debido al contexto en el que se ha realizado.
El ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos dice que el amparo, que solo busca ventilar violaciones a derechos constitucionales, se da en medio de una campaña de desprestigio por parte de la bancada cian, del presidente Nayib Bukele y del presidente de la Corte Suprema de Justicia contra las víctimas de la masacre y de un ataque hacia la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas, UCA, y contra el ex-rector José María Tojeira.
“La Corte Suprema de Justicia, no solo la composición actual que es muy cuestionable, tiene una historia de infamia en el caso de la masacre de la UCA”, expresó el jurista.
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Morales recordó que la Corte denegó en tres ocasiones la colaboración a la Audiencia Nacional de España para proteger a los presuntos autores intelectuales de la matanza perpetrada por la Fuerza Armada, el 16 de noviembre de 1989.
El exprocurador trajo a cuenta que a inicios del año 2000, la Sala de lo Constitucional denegó un amparo presentado por el Idhuca.
Además, recientemente la Corte Suprema dilató por un año dos solicitudes de recusación, proceso en el que magistrados de la Sala de lo Penal separaron a Doris Luz Rivas, lo que permitió que Roberto Argueta (titular) y Miguel Bolaños (suplente) dictaran el 8 de septiembre de 2020 una sentencia de casación (revisión).
A criterio de Morales, esa sentencia de casación violentaba la Ley de Amnistía, configurando los elementos del delito de prevaricato, el cual fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Por su parte, Benjamín Cuéllar, exdirector del Idhuca, expresó que independientemente de las intenciones que se puedan tener, el amparo presentado por el fiscal Delgado es una oportunidad para “abrir puertas” para que se haga justicia, tanto en el caso de la masacre de la UCA y otros casos cometidos durante el conflicto armado que siguen en la impunidad.
“Yo voy a empujar la puerta que medio ha abierto el Fiscal General, estoy en disposición de darle toda la información de la Audiencia Nacional de España'', expresó Cuéllar.
Cuéllar recordó que el Estado salvadoreño, desde la firma de los Acuerdos de Paz, ha protegido a los altos jefes militares involucrados en la masacre, para los que se pidió su extradición en España sin que esta fuera concedida.
El jurista recordó cuando Mauricio Funes protegió a los militares para no ser extraditados a España, resguardándoles en las instalaciones de la ex-Guardia Nacional.
El único autor intelectual condenado
En febrero de este año, el Tribunal Supremo de España confirmó la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, por los asesinatos de los jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados en las instalaciones de la UCA en 1989.
Aunque el tribunal también le consideró autor de los crímenes del jesuita salvadoreño, Joaquín López; y de las dos colaboradoras Julia Elba y su hija Celina Mariceth, de 15 años, el excoronel no fue condenado por esos tres asesinatos, debido a que Estados Unidos no concedió la extradición por esos hechos.
La sentencia consideró que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Según el relato, el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN).
El proceso judicial reveló que integrantes del Alto Mando de la Fuerza Armada dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides “sin dejar testigos vivos”, y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.
El crimen se dio en el contexto de que Ellacuría intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.
Guillermo Benavides (autor material) es el único condenado en El Salvador por la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
Benavides fue condenado en 1991, pero salió en libertad en 1993 tras la puesta en vigencia de la Ley de Amnistía; sin embargo, la Sala de lo Constitucional ordenó la anulación de esa normativa en 2016, por lo que el militar fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En 2017, la UCA, en representación de los sacerdotes jesuitas que fueron víctimas, solicitó la conmutación (reducción) de la pena por la edad y la enfermedad que padece, pero fue denegada.
Este mes, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le negaron a Benavides el indulto solicitado por su abogado defensor. El exmilitar ahora tiene 75 años y padece hipertensión crónica.