Cámara programa audiencia contra exdirector Aviación Civil por presunto enriquecimiento ilícito

Mario Emilio Radaelli, su esposa y su hijo; son acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de $155,557.

Centro Judicial " Isidro MenÃ?ndez", de San Salvador.
Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador EDH/Archivo

Por David Marroquín

Ene 11, 2021- 18:14

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador rechazó el lunes la petición de la defensa del ex director de Aviación Civil, Mario Emilio Redaelli Avilés, de anular el proceso civil en su contra por enriquecimiento ilícito en el orden de $155,557.

Además del exfuncionario también son acusados su esposa, Julie Florense Claser de Redaelli y su hijo, Mario Alberto Redaelli Claser.

La audiencia fue solicitada por la defensa de los demandados, pero al final de la misma, las magistradas declararon no ha lugar la petición y programaron para el 17 de marzo próximo la audiencia probatoria.

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“En esta audiencia en específico es que se han alegado improponibilidades que es un mecanismo de defensa que tienen las partes procesales para poder hacer su defensa y en esto caso, ellos han alegado ciertos puntos”, dijo el fiscal del caso.

Agregó que entre los puntos cuestionados por la defensa de los acusados es que “el señor Mario Emilio Redaelli no administró fondos públicos no tiene derecho a ser demandado por la representación fiscal y lo mismo su grupo familiar”.

El proceso civil se abrió a petición de la Fiscalía General que presentó el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que detectó 21 irregularidades en su gestión como Director de Aeronáutica Civil en el período del 1 de septiembre de 2006 al 21 de enero de 2010.

Las supuestas irregularidades ascienden a $155 mil 557 con los que se presume se enriquecieron ilícitamente, según la Fiscalía.

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El ex funcionario no justificó $21,273.51; mientras que esposa $73,504.93 y su hijo $60,779.00, según Fiscalía.

De ser encontrados culpable los demandados tendrán que devolver los $155,557 al Estado al concluir el proceso.

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