Asamblea aprueba $2,000 millones para enfrentar COVID-19, el 70% para emergencia sanitaria y 30% para alcaldías

El decreto obtuvo los 84 votos de los diputados. Para auditar los fondos se creó un comité de fondo de emergencia integrado por los titulares de cinco ministerios y representantes de la sociedad civil. A las alcaldías las dejaron por fuera del control del dinero.

Foto EDH / Yessica Hompanera

Por Eugenia Velásquez - Diana Escalante

Mar 26, 2020- 11:50

La Asamblea aprobó este jueves por unanimidad, con 84 votos, autorizar al Gobierno $2,000 millones para enfrentar la emergencia destina el 70% de esos fondos para atender la emergencia sanitaria y el 30% para el desarrollo de proyectos que serán ejecutados por los gobiernos municipales.

Según el decreto se determina que el 70% se destinará para “el programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables, cubrir las deficiencias del presupuesto 2020 generadas por el COVID-19 e incorporar los recursos al presupuesto General del Estado 2020”.

Los recursos tienen como objetivo implementar un “fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia para financiar a los productores agrícolas de granos básicos y caficultura nacional: para un programa de subsidio de pago de planillas de empleados que sean afectados por la declaratoria de Emergencia Nacional y cuarentena nacional y sus efectos”.

Además, se crea el “Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica”, que será la encargada de la dirección y supervisión de todas las actividades del Fondo que deberá proponer al Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario establecido en el artículo 11 para su aprobación.

Según el proyecto de dictamen, el Comité administrará el presupuesto extraordinario una vez que haya sido aprobado por la Asamblea.

La Junta Directiva de dicha instancia quedará conformada así: un coordinador que será nombrado por el presidente de la República, un representante de la micro, pequeña y mediana empresa designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

También participarán cinco ministros: el titular de Salud, de Hacienda, de Economía, de Obras Públicas y de Turismo.

De la sociedad civil habrá un representante de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), uno de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, (UCA), otro miembro de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

¿Cuáles serán las funciones del comité supervisor de los fondos?
– Proponer al Órgano Ejecutivo el Presupuesto Extraordinario Parcial o total como corresponda para atender la emergencia, recuperación y reconstrucción economía del país.
– Aprobar el programa de transferencias monetarias y las características de las personas beneficiarias y los criterios de distribución y la forma de entrega procurando que sea el trámite lo más simple posible.
– Definir la estrategia, planes y programas de la emergencia nacional y recuperación económica.
– Proponer los programas destinados para atender la emergencia, recuperación y reactivación de los gobiernos locales.
– Establecer los mecanismos de auditoría y gestión financiera y administración para la ejecución de los recursos aprobados por la Asamblea, ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del Presupuesto Extraordinario relacionado en esta ley podrá declararse reservada y generar una plataforma web para consignar su información.
– Acordar los mecanismos para su funcionamiento.
– Rendir informes mensuales periódicos a la Asamblea sobre la implementación y ejecución de este decreto con el propósito de garantizar la transparencia y el control legislativo cuando corresponda.

Para realizar sus funciones el comité podrá apoyarse en la Corte de Cuentas de la República.

Previa a la aprobación de los $2,000 millones que serán colocados por el ministerio de Hacienda en títulos valores y/o créditos con la banca internacional o una combinación de ambos, los diputados aprobaron suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal , la cual tiene como base el Artículo 24 de la misma: “cuando esté vigente Estado de Emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden, se suspenderá temporalmente la aplicación de metas fiscales”.

Lo anterior servirá para que el gobierno no incumpla con los límites de endeudamiento que establece dicha normativa al adquirir más deuda para atender la emergencia. A la fecha, El Salvador tiene una deuda pública que ronda en $27,000 millones.

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