El porcentaje que de los $2,000 millones en más deuda que pide el gobierno para la emergencia por el coronavirus que será entregado a las alcaldías, la creación de un comité multidisciplinario que supervise la ejecución de los fondos y la posible reorientación de préstamos en proceso de autorización y ratificación, son algunos de los puntos que detuvieron ayer la aprobación de la emisión de créditos o bonos para la pandemia.
“El comité de emergencia es lo que no les ha gustado, se establecen mecanismos de supervisión, de control de los recursos, es un presupuesto extraordinario con un coordinador que lo nombra el presidente de la República”, afirmó el diputado de ARENA, Norman Quijano.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, explicó que los partidos están reunidos este día fuera del recinto legislativo, pero coincidió con Quijano que la suspensión de la plenaria de ayer fue por el punto en discordia de qué funciones tendrá el comité supervisor y quienes lo integrarán.
Ponce afirmó que la discusión ya no se centra en la emisión de los $2,000 millones.“Allí está el debate en qué papel jugará el comité, quienes deben estar en el comité, pero ya no estamos discutiendo los $2,000 millones, esto ya está claro que un 30% va para las alcaldías y el 70% para que el gobierno dinamice la economía, la mypimes (micro empresarios), esfuerzos orientados a dinamizar la economía, a generar actividad económica que nos permita volver a la vida normal en términos productivos, no están orientados para combatir la pandemia, los recursos que se están utilizando son del Presupuesto General de la Nación”, manifestó Ponce.
Agregó que la propuesta es que el ente contralor lo deberían integrar 5 propietarios y un coordinador designados por el gobierno, 3 alcaldes y 2 representantes, uno de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y uno de la ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales), son 11, “ahora si ya están pensando meter más gente, allí se complica la cosa. Allí está el debate, qué función se les dará”, afirmó el diputado pecenista.
Dijo que la “confianza” se perdió ayer y por eso ha dejado un día de por medio para reconstruir de nuevo la fe y realizar mañana la plenaria para prever la aprobación del dinero. Quijano dijo que el martes hubo falta de coordinación en las reuniones interpartidarias que sostuvieron ARENA, FMLN y PDC, pues son los partidos que han solicitado control de la millonaria inversión que el Ejecutivo solicita para hacer frente a los posibles estragos que cause en El Salvador el COVID-19.A diferencia de GANA y del PCN que afirman estar listos con sus votos para emitir $2,000 millones en préstamos o títulos valores o ambos mecanismos para atender la crisis sanitaria.
Lo que ayer por la tarde ocurrió, de acuerdo a Quijano, es que hubo una “descoordinación” en varias reuniones que estaban realizando los partidos de forma paralela para terminar de ajustar los últimos detalles que irán plasmados en el dictamen de los $2,000 millones.
Las pláticas con el gobierno terminaron y lo último que restaba era ponerse de acuerdo entre los partidos, sin embargo, GANA acusó a ARENA y al FMLN de estar concibiendo un acuerdo a “su medida”.
Según Quijano, lo que está sobre la mesa es el porcentaje que deberán recibir las alcaldías de ese monto. La oposición política lo cifra en no menos del 40% de los $2,000 millones. El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, informó ayer que estaban pensando que fuera entre el 20% y el 30%.
En cuanto a la reorientación de préstamos Quijano dice que “es una petición del FMLN que no la veo mal, pero también pregunté cómo iban a quedar los $109 millones y los $91 millones (préstamos para seguridad). Todo eso está en la mesa de discusión”.
El diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla, explicó que las alcaldías han recibido fondos de distintas manera. Por ejemplo, citó que para este año les incrementaron dos puntos al porcentaje que reciben en concepto del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), subiendo del 8% al 10% de los ingresos corrientes del Estado.
Que además, está en curso la aprobación de $200 millones para reconstrucción municipal del cual están solicitando que se les otorgue $90 millones para la emergencia. Mientras que en el comité supervisor, Bonilla expone que quienes deben estar en esa instancia son la Corte de Cuentas de la República, las iglesias, la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, “jueces contando el dinero y entregando el dinero y verificando que el recurso llegue al ciudadano”, manifestó el diputado pecenista.