Manuel Escalante, doctor en derecho constitucional y miembro del grupo ad hoc que estudiará las reformas a la Constitución de la República, opina que es necesario dejar explícito en la Carta Magna sanciones para funcionarios que no cumplan las leyes.
“Creo que es un problema estructural, porque no solo es este presidente, también los otros gobiernos anteriores han tenido esta situación, y es que para poder salvarse de los controles constitucionales se ha tendido a que nuestros funcionarios públicos hagan una lectura literal de la Constitución” que les permite manipularla a su antojo, dice Escalante.
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Expone que este es un mal endémico, visto también en legislaturas anteriores, y añade que la Constitución no es insuficiente, sino “que no conocemos lo suficiente la jurisprudencia constitucional”.
Añade que si, a pesar de los avances que existen de la jurisprudencia constitucional, quedan elementos que reforzar, entonces se deben realizar reformas a la Constitución para garantizar que no haya malas interpretaciones.
“A nuestra Constitución, dada nuestra cultura constitucional o política le hacen falta dos elementos: primero es necesario visibilizar más prohibiciones para los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos a lo que se atan es a la lectura textual de la Constitución. Quizá valga la pena poner un par de prohibiciones. Y luego es necesario visibilizarlo, poner sanciones al incumplimiento de esas infracciones”, opina Escalante.
Las declaraciones del jurista son en torno a los constantes desacatos del presidente de la República, Nayib Bukele, contra órdenes la Sala de lo Constitucional y los constantes y agresivos ataques a los magistrados.
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“Yo me pregunto, tras estas tensiones que están ocurriendo entre el Ejecutivo y los otros órganos del Estado, si realmente el problema es la Constitución o las interpretaciones que están haciendo los funcionarios públicos no son las adecuadas”, dice Escalante.
Estas opiniones las dio en el evento de presentación de este equipo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, en el cual se afirmó que no se tocará la forma de gobierno, algo que ha generado suspicacia por los rasgos autoritarios del gobierno de Nayib Bukele.
Mal inicio de equipo ad hoc
Daniel Olmedo, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), considera que los abogados del equipo Ad Hoc son personas íntegras en su labor, pero considera que los miembros han aseverado que no tocarán cláusulas pétreas, lo cual contradice un comunicado de Casa Presidencial, del 11 de septiembre, que expone que podrían hacer una Asamblea Constituyente, lo cual significa cambiar toda la Constitución, incluyendo las cláusulas pétreas, aunque en el mismo comunicado manifiestan que son respetadas por el Gobierno.
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“Esas contradicciones no son inocentes, no hay que ser ingenuos, hay bases suficientes para desconfiar de ese proyecto, al margen de la capacidad e integridad de los abogados que han reclutado para el mismo”, sostiene Olmedo.
El marco legal salvadoreño no contempla la posibilidad de una constituyente, pero en vista del patrón de incumplimientos a la ley, parte de la comunidad jurídica del país teme que se busquen artificios legales para hacerlo, y con ello hacer una ley máxima a la medida de una posible consolidación de poder.