Reducir la cooperación a El Salvador. Eso planteó al Gobierno de Estados Unidos el congresista demócrata Albio Sires, luego de que la nueva Asamblea Legislativa instaurada el 1 de mayo votara por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional por parte de presidente Bukele y sus aliados es un abuso del poder, un acto ilegal de venganza, y un gran paso hacia el autoritarismo. Sí no se reconsidera, el gobierno de EE.UU. debe disminuir la cooperación con su gobierno”, escribió el congresista en Twitter.
Ayer, con 64 votos, los diputados de las fracciones de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN aprobaron la destitución de los cinco magistrados propietarios y los cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional, al tiempo que eligieron a otros cinco magistrados.
Al respecto, surgieron muchas más voces a nivel internacional que han condenado el considerado "Golpe de Estado".
Uno de ellos es el congresista Jim McGovern, quien mencionó que está perturbado "y enojado por la nueva mayoría de la Asamblea Nacional del presidente Bukele que vota para remover a todos los magistrados de la Sala Constitucional. Seamos claros: esto no es democracia, esto es la destrucción de un poder judicial independiente y el Estado de derecho".
Julie Chung, subsecretaria interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., manifestó su preocupación e hizo hincapié en que una sólida relación entre El Salvador y Estados Unidos dependerá del respeto a la separación de poderes, y siempre y cuando el gobierno apoye y defienda las normas democráticas.
Asimismo, reaccionó el Director para las Américas de Human Rigth t Watch, José Miguel Vivanco, quien condenó el hecho y dijo "quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria".
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Además, un alto funcionario del gobierno de Joe Biden, como lo es Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) para el Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, y principal asesor sobre temas de América Latina en Washington afirmó de forma contundente que “así no se hace”, mientras citaba el tuit publicado por José Miguel Vivanco.
En el ámbito nacional también han surgido voces de condena y denuncia que manifestaron su preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Enrique Anaya, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, dijo que esto es un golpe de estado, pues supone “el desmantelamiento de un órgano constitucional y se está eliminando la separación de poderes y de funciones”.
El analista y firmante de los Acuerdos de Paz, Salvador Samayoa, dijo que este “es el fin de las garantías constitucionales, el fin de las libertades y de los derechos políticos de los ciudadanos, el fin de la independencia de los poderes del Estado. Ahora comienzan los atropellos y se entroniza la prepotencia. A ver si las fuerzas de oposición y la comunidad internacional están a la altura para luchar contra la dictadura “.
La ANEP calificó la destitución de la Sala de lo Constitucional como un "autogolpe en contra del Poder Judicial" y condenó la destitución del fiscal general. Además, piden a comunidad internacional que condene "el golpe de Estado ocurrido en El Salvador".
La UCA, Funde, Camarasal, Fusades y muchas más entidades también han condenado el considerado “golpe de Estado” y expresaron su preocupación por la decisión tomada por la nueva Asamblea, que como segundo punto de su primera sesión plenaria aprobó también la destitución del fiscal Raúl Melara.