La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General que ayer realizó de forma urgente la nueva Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, acciones que fueron declaradas inconstitucionales anoche mismo por el máximo tribunal.
"La Secretaría general de la OEA expresa que ante las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador rechaza la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron esas acciones", dice un comunicado oficial divulgado esta mañana en sus redes sociales.
La postura de la OEA fue hecha público por Luis Almagro, secretario general de ese organismo, más de 12 horas después que los diputados de Nuevas Ideas, en evidente alineación con el gobierno de Nayib Bukele, comenzaran los procesos de destitución de los magistrados José Armando Pineda, Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar y Marina Marenco de Torrento y el Fiscal General, Raúl Melara, en un acto calificado, por analistas y representantes de la comunidad internacional, como un golpe de Estado.
La organización, además, insta a considerar las observaciones y recomendaciones que hiciese la Misión Especial de la OEA que visitó El Salvador, entre febrero y marzo pasados, y que destacan, entre otros puntos, el cumplimiento de la constitución y de las obligaciones constitucionales para garantizar y preservar la democracia en El Salvador.
"Las conclusiones y recomendaciones del informe de la Misión son de extrema validez y constituyen orientaciones necesarias en el contexto actual de crisis", dice el comunicado.
El documento señala que es importante que las investigaciones y procesos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) continúen y se profundicen, sobre todo en lo relacionado a la investigación y lucha contra la corrupción.
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El organismo recuerda que las mayorías legislativas deben encaminarse a realizar acciones dentro del Estado de Derecho para garantizar las libertades fundamentales.
"El más pleno respeto al Estado de derecho democrático es esencial. Las mayorías parlamentarias y la acción del Gobierno deben deben fortalecerlo permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia. Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta basada en la impunidad y en la persecución política", concluye el comunicado.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, reaccionó ante el comunicado de la OEA y vio bien que se rechace lo ocurrido en la Asamblea. Sin embargo, dijo que Almagro debe ir más allá y aplicar el art. 20 por “alteración del orden constitucional” y convocar al Consejo Permanente de la OEA.
Por último, el comunicado de la OEA hace referencia a garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y a mantener el sistema de pesos y contrapesos para garantizar la continuidad de la democracia en El Salvador, algo que en voz de los expertos quedó minado por las destituciones impulsadas por los diputados afines al presidente Bukele.
